Formalizan a exfuncionario de Salud por muerte de joven en 2022
Fiscalía de Antofagasta imputó a un exfuncionario de la Seremi de Salud por cuasidelito de homicidio tras la muerte de una profesional de 25 años que realizaba toma de muestras COVID en pasos fronterizos.
La Fiscalía de Antofagasta formalizó por cuasidelito de homicidio a un exfuncionario de la Seremi de Salud, por su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de una profesional de 25 años que realizaba labores sanitarias en la región durante la pandemia.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, en junio de 2022 la víctima fue contratada por la institución pública para desempeñarse en la toma de muestras de COVID-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama. Dichas funciones se realizaban bajo la supervisión del imputado, quien en ese entonces se desempeñaba como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras.
Según detalló la Fiscalía, entre los meses de junio y julio de ese año la joven comenzó a presentar diversos problemas de salud mientras cumplía sus labores en el sector fronterizo. Sin embargo, estos síntomas no habrían sido debidamente atendidos por su superior, quien los atribuyó a la “puna”, también conocida como mal de altura o mal de montaña.
El Ministerio Público sostiene que el imputado no habría adoptado las medidas necesarias para resguardar la salud de la trabajadora, pese al deterioro progresivo de su estado. Posteriormente, el 4 de julio de 2022, la joven fue trasladada en taxi y sin monitoreo médico hasta su domicilio en Antofagasta.
Días después, al agravarse sus síntomas, la víctima acudió por sus propios medios al Hospital Regional de Antofagasta, donde finalmente falleció el 6 de julio.
De acuerdo con la investigación, la muerte se habría producido por complicaciones médicas derivadas de la exposición a la altura, situación que, según la Fiscalía, estaría vinculada a un actuar imprudente y negligente del imputado.
Por resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, el exfuncionario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de 150 días para esclarecer las eventuales responsabilidades penales en el caso.
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