La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
Una compleja semana política y económica vivió el Gobierno tras el fuerte aumento en el precio internacional del petróleo, situación que llevó al Ejecutivo a anunciar una histórica alza en el valor de los combustibles en Chile. La medida fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien además presentó un conjunto de acciones destinadas a mitigar el impacto de esta decisión en los hogares y en distintos sectores productivos. El secretario de Estado explicó que el incremento responde a la presión internacional sobre el precio del crudo y a la estrechez fiscal que enfrenta el país. Según indicó, el ajuste busca alinear los precios internos de los combustibles con los valores internacionales. “Enfrentado a esta crisis histórica, con una estrechez económica también muy aguda heredada de administraciones anteriores, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles y probablemente también históricas. Dictaremos un decreto que llevará los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales”, señaló el ministro en entrevista con CNN Chile. De acuerdo con lo informado por la autoridad, a partir del jueves 26 de marzo los precios internos subirán de manera significativa, luego de la tramitación de los decretos correspondientes y los cálculos que deberá realizar la Comisión Nacional de Energía. En concreto, la gasolina de 93 octanos aumentará en $370 por litro, lo que representa un alza de aproximadamente 32%. En tanto, el diésel experimentará un incremento de $580 por litro, equivalente a un aumento cercano al 62%. Actualmente, el valor promedio de la gasolina de 93 octanos en la Región Metropolitana alcanza los $1.170 por litro, mientras que el diésel bordea los $932 por litro. Desde el Ejecutivo explicaron que el aumento se produce en un contexto internacional complejo. Según cifras entregadas por el propio gobierno, las gasolinas han subido cerca de un 42% en Estados Unidos desde fines de febrero, mientras que el diésel ha aumentado un 55% en el mismo periodo. En ese escenario, el ministro Quiroz enfatizó que su responsabilidad es resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluso cuando las decisiones puedan resultar impopulares. “Me habría encantado heredar otra situación fiscal, pero mi rol como ministro de Hacienda es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos. No es ser popular ni permitir que esto siga como si aquí no hubiese pasado nada”, sostuvo. Durante la entrevista, el jefe de la cartera detalló además el alto costo fiscal que implica mantener el actual funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), instrumento que ha permitido amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo en los precios internos. Según sus estimaciones, el Mepco tiene actualmente un costo fiscal cercano a los US$140 millones semanales. Pese al fuerte aumento anunciado, el mecanismo continuará operando con normalidad. En ese sentido, el ministro explicó que si el precio internacional del petróleo registra caídas en los próximos meses, el sistema permitirá que esas rebajas se traspasen rápidamente a los consumidores. Medidas para mitigar el impacto Junto con el anuncio del aumento en los combustibles, el Gobierno dio a conocer un conjunto de medidas paliativas destinadas a contener el impacto en los hogares y en distintos sectores de la economía. Una de las principales decisiones será congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red —ex Transantiago— hasta el 31 de diciembre de 2026. “Estamos dando una certeza clara: el precio del Transantiago no se va a tocar durante todo este año y no hay letra chica”, afirmó el ministro de Hacienda. Además, el Ejecutivo aseguró que los recursos adicionales necesarios para mantener congeladas estas tarifas también se reflejarán en regiones mediante el denominado “fondo espejo”, lo que permitirá a los gobiernos regionales aplicar medidas de mitigación en la locomoción colectiva local. Otra de las iniciativas anunciadas apunta al precio de la parafina, combustible clave para la calefacción durante los meses fríos. El Gobierno informó que su valor volverá a niveles de febrero, cercanos a los $1.000 por litro, y se mantendrá en ese rango durante todo el otoño e invierno, es decir, hasta fines de septiembre. Para concretar esta medida, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata que busca aumentar los recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (Fepp), pasando de los actuales US$5 millones a US$60 millones. El plan también contempla ayudas directas para el sector del transporte menor. En particular, se entregará una subvención mensual de $100 mil a taxis y taxis colectivos por un periodo de hasta seis meses mientras dure la contingencia. Según explicó el ministro Quiroz, esta medida busca equilibrar las condiciones competitivas con el transporte público masivo. “El taxista y el taxicolectivo compiten con el Transantiago. Si congelamos el precio del transporte público, debemos dar un apoyo para que esa competencia siga siendo leal”, señaló. Adicionalmente, el BancoEstado habilitará una nueva línea de financiamiento preferencial destinada a la renovación de flotas de taxis y colectivos, con el objetivo de impulsar la electromovilidad. El programa permitirá acceder a créditos con condiciones preferenciales, con plazos de hasta seis años y con la primera cuota pagadera después de seis meses. La iniciativa busca fomentar la transición hacia vehículos eléctricos, reduciendo la dependencia del petróleo y la exposición a las fluctuaciones del mercado internacional. “Cambiar hacia electromovilidad nos permitirá depender menos de este combustible fósil. La situación geopolítica demuestra que estamos expuestos a riesgos importantes”, explicó Quiroz. En paralelo, el Gobierno anunció que trabajará junto a los gremios del transporte de carga en medidas orientadas a mejorar la seguridad en las rutas y en los sitios de descanso para conductores. El objetivo es enfrentar los robos de carga y avanzar en la habilitación de espacios seguros para los transportistas, una demanda histórica del sector. Por otra parte, el Ejecutivo informó que se suspenderá de manera transitoria el crédito diferenciado al impuesto específico que hoy beneficia a empresas que no pertenecen al transporte carretera. Durante seis meses, estas compañías deberán regirse por el mismo régimen tributario que el transporte terrestre. La medida, que requiere también de un proyecto de ley, apunta a generar un esfuerzo compartido frente al complejo escenario energético. “Este es un esfuerzo país y tenemos que pedirle un esfuerzo a todos”, señaló el ministro. Finalmente, el titular de Hacienda reafirmó que el Gobierno mantendrá su compromiso de ajuste fiscal, que contempla una reducción del gasto público por US$6.000 millones durante la actual administración. “El ajuste fiscal va a proceder como se está haciendo. Vamos a avanzar y lo vamos a llevar a cabo”, concluyó Quiroz, quien insistió además en la necesidad de avanzar hacia una mayor competitividad tributaria para fortalecer el crecimiento económico del país.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
Una compleja semana política y económica vivió el Gobierno tras el fuerte aumento en el precio internacional del petróleo, situación que llevó al Ejecutivo a anunciar una histórica alza en el valor de los combustibles en Chile. La medida fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien además presentó un conjunto de acciones destinadas a mitigar el impacto de esta decisión en los hogares y en distintos sectores productivos. El secretario de Estado explicó que el incremento responde a la presión internacional sobre el precio del crudo y a la estrechez fiscal que enfrenta el país. Según indicó, el ajuste busca alinear los precios internos de los combustibles con los valores internacionales. “Enfrentado a esta crisis histórica, con una estrechez económica también muy aguda heredada de administraciones anteriores, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles y probablemente también históricas. Dictaremos un decreto que llevará los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales”, señaló el ministro en entrevista con CNN Chile. De acuerdo con lo informado por la autoridad, a partir del jueves 26 de marzo los precios internos subirán de manera significativa, luego de la tramitación de los decretos correspondientes y los cálculos que deberá realizar la Comisión Nacional de Energía. En concreto, la gasolina de 93 octanos aumentará en $370 por litro, lo que representa un alza de aproximadamente 32%. En tanto, el diésel experimentará un incremento de $580 por litro, equivalente a un aumento cercano al 62%. Actualmente, el valor promedio de la gasolina de 93 octanos en la Región Metropolitana alcanza los $1.170 por litro, mientras que el diésel bordea los $932 por litro. Desde el Ejecutivo explicaron que el aumento se produce en un contexto internacional complejo. Según cifras entregadas por el propio gobierno, las gasolinas han subido cerca de un 42% en Estados Unidos desde fines de febrero, mientras que el diésel ha aumentado un 55% en el mismo periodo. En ese escenario, el ministro Quiroz enfatizó que su responsabilidad es resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluso cuando las decisiones puedan resultar impopulares. “Me habría encantado heredar otra situación fiscal, pero mi rol como ministro de Hacienda es velar por las finanzas públicas y por el dinero de todos los chilenos. No es ser popular ni permitir que esto siga como si aquí no hubiese pasado nada”, sostuvo. Durante la entrevista, el jefe de la cartera detalló además el alto costo fiscal que implica mantener el actual funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), instrumento que ha permitido amortiguar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo en los precios internos. Según sus estimaciones, el Mepco tiene actualmente un costo fiscal cercano a los US$140 millones semanales. Pese al fuerte aumento anunciado, el mecanismo continuará operando con normalidad. En ese sentido, el ministro explicó que si el precio internacional del petróleo registra caídas en los próximos meses, el sistema permitirá que esas rebajas se traspasen rápidamente a los consumidores. Medidas para mitigar el impacto Junto con el anuncio del aumento en los combustibles, el Gobierno dio a conocer un conjunto de medidas paliativas destinadas a contener el impacto en los hogares y en distintos sectores de la economía. Una de las principales decisiones será congelar las tarifas del transporte público del Sistema Red —ex Transantiago— hasta el 31 de diciembre de 2026. “Estamos dando una certeza clara: el precio del Transantiago no se va a tocar durante todo este año y no hay letra chica”, afirmó el ministro de Hacienda. Además, el Ejecutivo aseguró que los recursos adicionales necesarios para mantener congeladas estas tarifas también se reflejarán en regiones mediante el denominado “fondo espejo”, lo que permitirá a los gobiernos regionales aplicar medidas de mitigación en la locomoción colectiva local. Otra de las iniciativas anunciadas apunta al precio de la parafina, combustible clave para la calefacción durante los meses fríos. El Gobierno informó que su valor volverá a niveles de febrero, cercanos a los $1.000 por litro, y se mantendrá en ese rango durante todo el otoño e invierno, es decir, hasta fines de septiembre. Para concretar esta medida, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata que busca aumentar los recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (Fepp), pasando de los actuales US$5 millones a US$60 millones. El plan también contempla ayudas directas para el sector del transporte menor. En particular, se entregará una subvención mensual de $100 mil a taxis y taxis colectivos por un periodo de hasta seis meses mientras dure la contingencia. Según explicó el ministro Quiroz, esta medida busca equilibrar las condiciones competitivas con el transporte público masivo. “El taxista y el taxicolectivo compiten con el Transantiago. Si congelamos el precio del transporte público, debemos dar un apoyo para que esa competencia siga siendo leal”, señaló. Adicionalmente, el BancoEstado habilitará una nueva línea de financiamiento preferencial destinada a la renovación de flotas de taxis y colectivos, con el objetivo de impulsar la electromovilidad. El programa permitirá acceder a créditos con condiciones preferenciales, con plazos de hasta seis años y con la primera cuota pagadera después de seis meses. La iniciativa busca fomentar la transición hacia vehículos eléctricos, reduciendo la dependencia del petróleo y la exposición a las fluctuaciones del mercado internacional. “Cambiar hacia electromovilidad nos permitirá depender menos de este combustible fósil. La situación geopolítica demuestra que estamos expuestos a riesgos importantes”, explicó Quiroz. En paralelo, el Gobierno anunció que trabajará junto a los gremios del transporte de carga en medidas orientadas a mejorar la seguridad en las rutas y en los sitios de descanso para conductores. El objetivo es enfrentar los robos de carga y avanzar en la habilitación de espacios seguros para los transportistas, una demanda histórica del sector. Por otra parte, el Ejecutivo informó que se suspenderá de manera transitoria el crédito diferenciado al impuesto específico que hoy beneficia a empresas que no pertenecen al transporte carretera. Durante seis meses, estas compañías deberán regirse por el mismo régimen tributario que el transporte terrestre. La medida, que requiere también de un proyecto de ley, apunta a generar un esfuerzo compartido frente al complejo escenario energético. “Este es un esfuerzo país y tenemos que pedirle un esfuerzo a todos”, señaló el ministro. Finalmente, el titular de Hacienda reafirmó que el Gobierno mantendrá su compromiso de ajuste fiscal, que contempla una reducción del gasto público por US$6.000 millones durante la actual administración. “El ajuste fiscal va a proceder como se está haciendo. Vamos a avanzar y lo vamos a llevar a cabo”, concluyó Quiroz, quien insistió además en la necesidad de avanzar hacia una mayor competitividad tributaria para fortalecer el crecimiento económico del país.
