La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que, a contar del 28 de febrero, entrará en vigencia un reajuste en las tarifas del transporte público regulado en la Región de Antofagasta. La medida afectará a las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla. En Calama, el pasaje adulto subirá a $550, mientras que la tarifa para personas mayores será de $270 y para estudiantes $180. En Antofagasta, el valor adulto quedará en $650, persona mayor $320 y estudiante $210. En Tocopilla, el pasaje adulto será de $350, las personas mayores mantendrán gratuidad y los estudiantes pagarán $120. El seremi de Transportes, Enrique Viveros, señaló que este tipo de decisiones “no son fáciles de comunicar”, considerando el impacto en las economías familiares. No obstante, explicó que el ajuste responde a la necesidad de mantener el equilibrio económico del sistema y asegurar un transporte público de calidad. Desde la cartera detallaron que las tarifas en regiones se determinan mediante un polinomio que considera variables externas como el precio del diésel, el valor del dólar y la inflación, factores que influyen directamente en los costos operacionales. La autoridad destacó que el ministerio continúa impulsando subsidios y proyectos para garantizar conectividad en zonas urbanas, rurales y apartadas, además de apoyar el traslado de miles de estudiantes. El objetivo, indicaron, es avanzar en equidad territorial, descentralización y modernización de los servicios en la región.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas distribuidoras de energía postergar por cuatro meses el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, medida que evitará por ahora un incremento en las cuentas de electricidad de los hogares. El cobro, que inicialmente estaba previsto para comenzar el 1 de abril, implicaba que las empresas distribuidoras recuperaran cerca de US$800 millones acumulados durante los años en que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas tras el estallido social y la pandemia. Dicho ajuste significaba un aumento promedio de aproximadamente $1.450 en las cuentas de luz de los clientes. Con la nueva instrucción de la SEC, el proceso de reliquidación se iniciará recién en julio de 2026, dando un margen adicional para buscar mecanismos que permitan enfrentar este pago sin generar un impacto inmediato en el bolsillo de las familias. La decisión fue adoptada luego de recibir solicitudes desde distintos sectores vinculados al ámbito energético. Parlamentarios, la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas plantearon la necesidad de aplazar el cobro considerando el complejo escenario económico que atraviesa el país. Desde la SEC aclararon que la medida no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación. “Esta decisión busca resguardar el interés público y reducir el impacto económico en los hogares en un contexto excepcional”, señalaron desde el organismo fiscalizador. La postergación ocurre además en una semana marcada por nuevas presiones en el costo de la vida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una fuerte alza en el precio de los combustibles, que se materializó el jueves con incrementos de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel. La ministra de Energía, Ximena Rincón, calificó la medida como una señal positiva para la ciudadanía, indicando que el gobierno trabaja en una fórmula que permita saldar la deuda con las empresas distribuidoras sin afectar significativamente a los hogares. “Estamos buscando un mecanismo que permita enfrentar esta obligación de manera responsable, pero evitando un impacto directo en el bolsillo de las familias”, señaló la secretaria de Estado. Por su parte, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, indicó que el objetivo es encontrar una solución antes de la nueva fecha de cobro, mientras el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para amortiguar el impacto económico de esta deuda acumulada en el sistema eléctrico.
El anunciado incremento en el precio de los combustibles encendió las alertas en el transporte público de Antofagasta, donde el gremio de conductores advierte un escenario complejo que podría derivar en un alza del pasaje o una reducción en la frecuencia de buses si no se implementan medidas de compensación. Así lo expresó Fernando Herrera, presidente de Adutax, quien en entrevista televisiva calificó el escenario como “difícil e incierto”, tras el aumento cercano al 60% en el valor del diésel, principal insumo para la operación del sistema. “Estamos hablando de un incremento de alrededor de $580 por litro, lo que desequilibra completamente el modelo operativo actual”, sostuvo. El dirigente explicó que, si bien la tarifa del transporte público en Antofagasta está regulada mediante un sistema licitado, el alza del combustible impacta directamente en el cálculo del denominado “polinomio”, mecanismo que considera variables como el dólar, el costo de insumos, mantención y adquisición de buses. “Con este nivel de aumento, la tarifa real podría subir entre $200 y $250”, advirtió. Actualmente, el pasaje se mantiene congelado en $650, gracias a subsidios estatales que compensan la diferencia con el valor real, que ya bordea los $870. Sin embargo, el nuevo incremento del diésel podría ampliar aún más esa brecha, generando incertidumbre sobre la capacidad del Estado para seguir absorbiendo el impacto. Desde el gremio señalaron que, de no existir una pronta respuesta del Gobierno, se enfrentan a dos escenarios complejos: un eventual aumento del pasaje para los usuarios o una disminución en la frecuencia de los servicios. “No podemos operar a pérdida. Si no hay compensación, tendremos que reducir flota o ajustar tarifas”, afirmó Herrera. A esto se suma la falta de claridad respecto a los mecanismos de financiamiento en regiones. Si bien existe la denominada “Ley Espejo”, que replica recursos destinados al transporte en Santiago, el dirigente advirtió que los gobiernos regionales no tienen facultades directas para inyectar recursos a la operación del sistema. En paralelo, el gremio se mantiene en estado de alerta a la espera de definiciones por parte de las autoridades. Durante esta jornada sostendrán reuniones con la delegación presidencial, con el objetivo de obtener certezas sobre eventuales subsidios que permitan mantener congelada la tarifa y evitar un impacto directo en los usuarios. Pese a la incertidumbre, desde Adutax señalaron que, por ahora, no se contempla un alza inmediata en el pasaje. No obstante, advirtieron que la situación es dinámica y dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno en los próximos días. El escenario se da además en medio de la implementación del pago electrónico en el transporte público, proceso que comenzará en modalidad mixta desde abril y que permitirá un mayor control del recaudo, aunque por ahora queda en segundo plano frente a la urgencia que genera el alza de los combustibles.
El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el aumento en el precio de los combustibles comienza a generar sus primeras consecuencias en el sector del transporte interurbano. Según advirtió el gremio de buses interurbanos del país, el incremento podría traducirse en un alza de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir de este jueves, justo en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa. El gobierno informó que desde el 26 de marzo las gasolinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de hasta $580 por litro, lo que representa el mayor aumento en más de cuatro décadas. La decisión responde a la escalada del precio internacional del petróleo y a la reducción de la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Ante este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) expresó su preocupación por el impacto directo que tendrá el alza del diésel en los costos operacionales del sector. Desde el gremio señalaron además que el transporte interurbano no fue incluido en el plan de siete medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto del incremento en los combustibles. De acuerdo con estimaciones de la ABI, el efecto del alza podría significar un aumento promedio de entre $1.500 y $2.000 en el valor de los pasajes por cada $100 adicionales en el precio del combustible. La gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, explicó que el impacto se reflejaría de manera relativamente homogénea en las distintas rutas del país. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de forma bastante similar en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de regreso”, indicaron desde la asociación. En la misma línea, el vicepresidente de la organización, Patricio Bohle, aseguró que el impacto de esta alza en la industria del transporte podría ser incluso más severo que el registrado durante la pandemia. “El impacto es tan grande que diría que es peor que el Covid”, señaló en entrevista con 24 Horas. La situación se vuelve aún más compleja considerando la cercanía de Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros en el país. Solo en 2025 se movilizaron cerca de 18.800 buses interurbanos durante este período, lo que suele generar incrementos adicionales en los precios debido al aumento de la demanda. Desde el gremio señalaron que durante estas fechas los pasajes podrían experimentar un incremento extra de entre 20% y 25%, dependiendo de la demanda y de las estrategias comerciales de cada empresa. Por su parte, la empresa internacional FlixBus llamó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación. Desde la compañía explicaron que trabajan con un sistema de precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden variar según la demanda y el momento en que se adquieran los boletos. En ese contexto, indicaron que comprar con anticipación puede permitir acceder a tarifas más bajas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que, a contar del 28 de febrero, entrará en vigencia un reajuste en las tarifas del transporte público regulado en la Región de Antofagasta. La medida afectará a las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla. En Calama, el pasaje adulto subirá a $550, mientras que la tarifa para personas mayores será de $270 y para estudiantes $180. En Antofagasta, el valor adulto quedará en $650, persona mayor $320 y estudiante $210. En Tocopilla, el pasaje adulto será de $350, las personas mayores mantendrán gratuidad y los estudiantes pagarán $120. El seremi de Transportes, Enrique Viveros, señaló que este tipo de decisiones “no son fáciles de comunicar”, considerando el impacto en las economías familiares. No obstante, explicó que el ajuste responde a la necesidad de mantener el equilibrio económico del sistema y asegurar un transporte público de calidad. Desde la cartera detallaron que las tarifas en regiones se determinan mediante un polinomio que considera variables externas como el precio del diésel, el valor del dólar y la inflación, factores que influyen directamente en los costos operacionales. La autoridad destacó que el ministerio continúa impulsando subsidios y proyectos para garantizar conectividad en zonas urbanas, rurales y apartadas, además de apoyar el traslado de miles de estudiantes. El objetivo, indicaron, es avanzar en equidad territorial, descentralización y modernización de los servicios en la región.
