Un operativo coordinado terminó con la clausura de dos casinos ilegales que operaban en el sector norte de Antofagasta. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del martes 21 de julio, específicamente en la intersección de Pantaleón Cortés con Bandera, donde participaron equipos municipales junto a efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, detalló que debido a las constantes denuncias recibidas por situaciones que ocurren en el sector, decidieron impulsar una intervención nocturna que se suma a las fiscalizaciones diurnas que se realizan semanalmente. En el operativo, fueron fiscalizados dos casinos ilegales, que en su conjunto mantenían más de 100 máquinas tragamonedas. Además, ambos locales disponían de venta de alcohol y de cigarrillos de contrabando; y uno de ellos, era operado por inmigrantes que mantenían situación migratoria irregular en el país. Vamos a ir golpeando para que este tipo de negocios abandone nuestra ciudad, que tanto daño le hace particularmente a la gente más pobre. Además no pagan impuestos, no pagan patentes y esconden otros delitos, así que seremos implacables con ellos, sostuvo el alcalde Razmilic. En tanto, respecto a uno de fiscalizados, el comisario de la PDI, Deniss Navarrete, detalló que durante la fiscalización “nos percatamos que había una ciudadano de nacionalidad china que se encontraba irregular, habiendo ingresado por paso no habilitado y se realizó la denuncia respectiva”.
En el marco de la estrategia Plan Frontera Interna de la Policía de Investigaciones de Chile, fue desarrollada una operación que permitió la recuperación de más de 800 kilos de drogas, que iban a ser trasladadas hasta la zona central del país. La investigación se llevó a cabo por detectives de la Brigada Antinarcóticos Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Local de Taltal, que también contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera Interna y de detectives de las BRIANT de Calama, Iquique, La Serena y Los Andes. En total, el operativo terminó con la incautación de 805,1 kilos de cannabis, distribuidos en 766 paquetes, y además, se concretó la detención de un ciudadano boliviano que se mantenía en situación migratoria irregular dentro del país. Además del decomiso de drogas, el procedimiento permitió la recuperación de dos vehículos con encargo vigente por robo y la incautación de un equipo de comunicación satelital Starlink. El jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, destacó que este procedimiento evidencia la efectividad del trabajo investigativo desarrollado por la Brigada Antinarcóticos Antofagasta y la coordinación institucional que promueve el Plan Frontera Interna. Esta investigación, liderada por la Brigada Antinarcóticos, refleja el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la PDI para enfrentar al crimen organizado. El Plan Frontera Interna nos permite integrar recursos especializados de distintas regiones, intervenir las rutas utilizadas por estas organizaciones y evitar que importantes cargamentos de droga lleguen a los centros de distribución del país”, sostuvo. En tanto, Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que en un cálculo conservador, el avalúo de las incautaciones realizadas desde octubre de 2023, sobrepasa los 740 mil millones de pesos (800 millones de dólares), lo que arroja pérdidas diarias estimadas en 736 millones de pesos diarios para las organizaciones criminales.
Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, joven antofagastino que perdió la vida tras recibir un disparo durante un violento incidente ocurrido la madrugada del 19 de abril en las afueras de un club nocturno ubicado en el sector sur de la ciudad. La noticia fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI), organismo a cargo de las diligencias, que informó la detención del presunto autor material del crimen, quien permanecía prófugo desde el día de los hechos. La captura se produce precisamente cuando se cumplen dos meses de un caso que conmocionó a la comunidad antofagastina y que mantuvo a la familia de la víctima exigiendo justicia y avances concretos en la investigación. Los padres de Edison habían manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de resultados visibles en la búsqueda del responsable. Según relataron, la madrugada del 19 de abril recibieron una llamada telefónica cerca de las 4 de la mañana informándoles que su hijo había sido baleado, iniciando desde ese momento una larga lucha para esclarecer lo ocurrido. Tras conocerse la detención, la familia expresó su alivio a través de un mensaje público, señalando que la captura representa un paso fundamental para avanzar hacia la justicia. “Sabemos que aún queda camino por recorrer para que exista justicia completa, pero esta noticia representa un avance significativo y una luz de esperanza para nuestra familia, que durante estos meses ha luchado incansablemente para que el caso no quede en el olvido”, indicaron. Asimismo, agradecieron el respaldo recibido por parte de la comunidad durante estos meses, destacando el apoyo de quienes compartieron información, participaron en actividades de difusión y acompañaron a la familia en los momentos más difíciles. Pese a este importante avance, la investigación continúa en desarrollo y ahora será el Ministerio Público quien determine los pasos procesales a seguir respecto del imputado detenido. Mientras tanto, los cercanos a Edison Araya señalaron que seguirán atentos al curso de la causa, confiando en que el trabajo de las instituciones permita esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. “Por Edison, seguiremos adelante”, concluyó la familia.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Preocupación existe en Antofagasta tras una serie de ataques de jaurías de perros que han afectado a vecinos en distintos sectores de la ciudad. Frente a esta situación, el diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, solicitó al alcalde Sacha Razmilic la conformación de una mesa de trabajo para abordar el problema y coordinar medidas entre las distintas instituciones involucradas. La iniciativa surge luego de diversas denuncias recibidas por el parlamentario, que dan cuenta de al menos tres ataques recientes. Dos de ellos ocurrieron en el sector de Los Arenales y otro en las cercanías del Balneario Municipal, dejando a vecinos con lesiones y generando preocupación en la comunidad. Ante este escenario, Ossandón señaló que ya tomó contacto con el director de Seguridad Pública del municipio, con el objetivo de avanzar en una coordinación que permita enfrentar la situación de manera más eficaz. Además, propuso que en la instancia de trabajo participe la Policía de Investigaciones (PDI), considerando los antecedentes y denuncias existentes. “Estamos buscando generar alianzas virtuosas entre las instituciones para abordar estos problemas que afectan directamente a la gente. La preocupación de los vecinos es real y debemos actuar con sentido de urgencia”, afirmó el parlamentario. En paralelo, el diputado anunció el envío de una serie de oficios a distintos organismos, entre ellos la PDI, municipios, seremis y Carabineros, con el fin de recopilar información respecto de la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Ossandón indicó que esta instancia también permitirá evaluar la efectividad de la normativa vigente, considerando la gravedad de los casos denunciados. Finalmente, el legislador enfatizó que el desafío debe abordarse con una mirada equilibrada que considere tanto la seguridad de las personas como el bienestar animal. En ese sentido, sostuvo que es fundamental impulsar un trabajo coordinado entre autoridades para prevenir nuevos ataques y entregar mayor tranquilidad a los vecinos de Antofagasta.
Un operativo coordinado terminó con la clausura de dos casinos ilegales que operaban en el sector norte de Antofagasta. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del martes 21 de julio, específicamente en la intersección de Pantaleón Cortés con Bandera, donde participaron equipos municipales junto a efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, detalló que debido a las constantes denuncias recibidas por situaciones que ocurren en el sector, decidieron impulsar una intervención nocturna que se suma a las fiscalizaciones diurnas que se realizan semanalmente. En el operativo, fueron fiscalizados dos casinos ilegales, que en su conjunto mantenían más de 100 máquinas tragamonedas. Además, ambos locales disponían de venta de alcohol y de cigarrillos de contrabando; y uno de ellos, era operado por inmigrantes que mantenían situación migratoria irregular en el país. Vamos a ir golpeando para que este tipo de negocios abandone nuestra ciudad, que tanto daño le hace particularmente a la gente más pobre. Además no pagan impuestos, no pagan patentes y esconden otros delitos, así que seremos implacables con ellos, sostuvo el alcalde Razmilic. En tanto, respecto a uno de fiscalizados, el comisario de la PDI, Deniss Navarrete, detalló que durante la fiscalización “nos percatamos que había una ciudadano de nacionalidad china que se encontraba irregular, habiendo ingresado por paso no habilitado y se realizó la denuncia respectiva”.
En el marco de la estrategia Plan Frontera Interna de la Policía de Investigaciones de Chile, fue desarrollada una operación que permitió la recuperación de más de 800 kilos de drogas, que iban a ser trasladadas hasta la zona central del país. La investigación se llevó a cabo por detectives de la Brigada Antinarcóticos Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Local de Taltal, que también contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera Interna y de detectives de las BRIANT de Calama, Iquique, La Serena y Los Andes. En total, el operativo terminó con la incautación de 805,1 kilos de cannabis, distribuidos en 766 paquetes, y además, se concretó la detención de un ciudadano boliviano que se mantenía en situación migratoria irregular dentro del país. Además del decomiso de drogas, el procedimiento permitió la recuperación de dos vehículos con encargo vigente por robo y la incautación de un equipo de comunicación satelital Starlink. El jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, destacó que este procedimiento evidencia la efectividad del trabajo investigativo desarrollado por la Brigada Antinarcóticos Antofagasta y la coordinación institucional que promueve el Plan Frontera Interna. Esta investigación, liderada por la Brigada Antinarcóticos, refleja el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la PDI para enfrentar al crimen organizado. El Plan Frontera Interna nos permite integrar recursos especializados de distintas regiones, intervenir las rutas utilizadas por estas organizaciones y evitar que importantes cargamentos de droga lleguen a los centros de distribución del país”, sostuvo. En tanto, Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó que en un cálculo conservador, el avalúo de las incautaciones realizadas desde octubre de 2023, sobrepasa los 740 mil millones de pesos (800 millones de dólares), lo que arroja pérdidas diarias estimadas en 736 millones de pesos diarios para las organizaciones criminales.
Un importante avance registró la investigación por el homicidio de Edison Araya, joven antofagastino que perdió la vida tras recibir un disparo durante un violento incidente ocurrido la madrugada del 19 de abril en las afueras de un club nocturno ubicado en el sector sur de la ciudad. La noticia fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI), organismo a cargo de las diligencias, que informó la detención del presunto autor material del crimen, quien permanecía prófugo desde el día de los hechos. La captura se produce precisamente cuando se cumplen dos meses de un caso que conmocionó a la comunidad antofagastina y que mantuvo a la familia de la víctima exigiendo justicia y avances concretos en la investigación. Los padres de Edison habían manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de resultados visibles en la búsqueda del responsable. Según relataron, la madrugada del 19 de abril recibieron una llamada telefónica cerca de las 4 de la mañana informándoles que su hijo había sido baleado, iniciando desde ese momento una larga lucha para esclarecer lo ocurrido. Tras conocerse la detención, la familia expresó su alivio a través de un mensaje público, señalando que la captura representa un paso fundamental para avanzar hacia la justicia. “Sabemos que aún queda camino por recorrer para que exista justicia completa, pero esta noticia representa un avance significativo y una luz de esperanza para nuestra familia, que durante estos meses ha luchado incansablemente para que el caso no quede en el olvido”, indicaron. Asimismo, agradecieron el respaldo recibido por parte de la comunidad durante estos meses, destacando el apoyo de quienes compartieron información, participaron en actividades de difusión y acompañaron a la familia en los momentos más difíciles. Pese a este importante avance, la investigación continúa en desarrollo y ahora será el Ministerio Público quien determine los pasos procesales a seguir respecto del imputado detenido. Mientras tanto, los cercanos a Edison Araya señalaron que seguirán atentos al curso de la causa, confiando en que el trabajo de las instituciones permita esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. “Por Edison, seguiremos adelante”, concluyó la familia.
Una investigación del Ministerio Público y la Contraloría mantiene bajo la lupa la adquisición de un avión multipropósito destinado a Carabineros de Antofagasta, operación que hoy es indagada por presunto fraude al fisco y que derivó en la incautación de la aeronave por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), se trata de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. La diligencia, según señala El Desconcierto, se concretó pasadas las 23 horas del viernes 10 de abril, cuando detectives llegaron hasta la Prefectura Aérea de Carabineros, en La Reina, para ejecutar una orden judicial sobre la aeronave adquirida por más de $6.200 millones. El objetivo del proyecto era reforzar el denominado Plan Frontera Norte, estrategia enfocada en combatir narcotráfico, contrabando e ingreso irregular de personas en la macrozona norte. Sin embargo, la compra terminó transformándose en una compleja trama marcada por sospechas de direccionamiento de licitación, eventuales conflictos de interés y reiterados incumplimientos técnicos detectados por la propia institución policial. La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2025 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, representada por Ricardo Lizana Van Der Schraft, para adquirir un avión Beechcraft B200GT. Previamente, el Consejo Regional de Antofagasta había aprobado un aumento presupuestario superior a los mil millones de pesos para concretar la operación. Carabineros presentando al gobernador Ricardo Díaz proyecto de Adquisición de Avión Multipropósito Sección Área #Antofagasta Proyecto sería analizado por el CORE para obtención de financiamiento vía FNDR. (junio 2023) No obstante, al interior de Carabineros surgieron cuestionamientos respecto a las bases técnicas del proceso, apuntando a que habrían sido elaboradas de manera tal que favorecieran a AeroTac, única oferente en la licitación. Además, una de las aristas investigadas apunta a la eventual participación de exoficiales en retiro de la Prefectura Aérea y al rol del actual prefecto del departamento, coronel Javier Álvarez, quien habría trabajado anteriormente como piloto para la empresa investigada. El caso se agravó luego de que la aeronave fuera rechazada en tres oportunidades por Carabineros debido a graves incumplimientos técnicos. En diciembre de 2025, durante la primera entrega, se detectó que los motores contaban con solo 747 horas disponibles antes de requerir mantenimiento mayor, muy por debajo de las 1.400 horas exigidas en las bases. Posteriormente, nuevos informes institucionales detectaron filtraciones de combustible y líquido hidráulico, desgaste de pintura, inconsistencias documentales y fallas en sistemas críticos de grabación de vuelo. Finalmente, en marzo de 2026, la tercera presentación del avión también fue rechazada. En paralelo, surgieron dudas sobre el valor pagado por la aeronave. Sitios especializados en aviación estiman que un modelo similar, fabricado entre 2008 y 2013, tendría un valor cercano a los US$3,3 millones, equivalente aproximadamente a la mitad del monto cancelado por Carabineros. El 10 de abril de 2026, el coronel Javier Álvarez firmó el informe que recomendó poner término anticipado al contrato por “incumplimiento grave” de la empresa, argumentando retrasos y fallas no subsanadas. Sin embargo, la investigación también busca determinar si existió participación previa en la elaboración de las bases técnicas. AeroTac, por su parte, aseguró haber cumplido sus obligaciones contractuales y afirmó que todas las observaciones fueron corregidas oportunamente. La empresa además sostuvo que las exigencias técnicas del contrato hacían incomparable esta aeronave con otras disponibles en el mercado. Otro antecedente incorporado a la investigación son reuniones sostenidas en 2024 entre el coronel Álvarez y Ricardo Lizana, registradas en la plataforma Infolobby, vinculadas a actividades aeronáuticas y presentación de información técnica. Ahora será el Ministerio Público el encargado de esclarecer si existieron delitos, determinar responsabilidades y establecer si la millonaria compra fue direccionada desde su origen. Reunión en Antofagasta El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, abordó ante la comisión de Seguridad del CORE la cuestionada compra de un avión institucional, asegurando que la aeronave ofrecida no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos. Según explicó, el aparato tenía una disponibilidad de 750 horas de vuelo, muy por debajo de las 1.400 solicitadas. Montre sostuvo que fueron informes internos de Carabineros los que frenaron la operación, evitando un eventual perjuicio fiscal. Añadió que actualmente no existe pérdida de recursos para el Estado y que se deberá buscar una nueva aeronave, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Preocupación existe en Antofagasta tras una serie de ataques de jaurías de perros que han afectado a vecinos en distintos sectores de la ciudad. Frente a esta situación, el diputado por la Región de Antofagasta, Fabián Ossandón, solicitó al alcalde Sacha Razmilic la conformación de una mesa de trabajo para abordar el problema y coordinar medidas entre las distintas instituciones involucradas. La iniciativa surge luego de diversas denuncias recibidas por el parlamentario, que dan cuenta de al menos tres ataques recientes. Dos de ellos ocurrieron en el sector de Los Arenales y otro en las cercanías del Balneario Municipal, dejando a vecinos con lesiones y generando preocupación en la comunidad. Ante este escenario, Ossandón señaló que ya tomó contacto con el director de Seguridad Pública del municipio, con el objetivo de avanzar en una coordinación que permita enfrentar la situación de manera más eficaz. Además, propuso que en la instancia de trabajo participe la Policía de Investigaciones (PDI), considerando los antecedentes y denuncias existentes. “Estamos buscando generar alianzas virtuosas entre las instituciones para abordar estos problemas que afectan directamente a la gente. La preocupación de los vecinos es real y debemos actuar con sentido de urgencia”, afirmó el parlamentario. En paralelo, el diputado anunció el envío de una serie de oficios a distintos organismos, entre ellos la PDI, municipios, seremis y Carabineros, con el fin de recopilar información respecto de la aplicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Ossandón indicó que esta instancia también permitirá evaluar la efectividad de la normativa vigente, considerando la gravedad de los casos denunciados. Finalmente, el legislador enfatizó que el desafío debe abordarse con una mirada equilibrada que considere tanto la seguridad de las personas como el bienestar animal. En ese sentido, sostuvo que es fundamental impulsar un trabajo coordinado entre autoridades para prevenir nuevos ataques y entregar mayor tranquilidad a los vecinos de Antofagasta.
