Una compleja situación administrativa enfrenta el sistema migratorio en Chile luego de revelarse que más de 120 mil solicitudes de nacionalización permanecen pendientes de resolución. Según antecedentes dados a conocer por Radio Bío Bío, el retraso quedó en evidencia tras la salida de Luis Thayer de la dirección del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), cargo que ocupó durante cuatro años en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. De acuerdo con documentos internos del propio servicio, correspondientes al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad, actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución. La cifra representa un aumento del 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. El dato resulta aún más llamativo si se considera que durante el mismo período disminuyó la cantidad de nuevas solicitudes. Según el informe, durante 2025 se registró una baja del 19% en la presentación de solicitudes en comparación con el año anterior. En otras palabras, mientras ingresaban menos trámites, el número de expedientes pendientes continuó creciendo. Pero el problema no se limita únicamente a los expedientes en espera dentro del sistema. El mismo reporte advierte que existen 22.896 solicitudes adicionales que ya fueron revisadas técnicamente y que se encontraban en la etapa final de firma de la autoridad o notificación. Es decir, casos que ya habían cumplido todas las revisiones administrativas y solo requerían la aprobación final del gobierno. Según consigna biobio.cl, dentro de ese grupo se identificaron 22.017 decretos pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, otros 752 en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación. La falta de firma antes del cambio de mando dejó estos decretos pendientes como parte de la herencia administrativa para la nueva autoridad del servicio. El nuevo director nacional del Servicio Nacional de Migraciones será el exdiputado Frank Sauerbaum (RN), quien deberá enfrentar esta acumulación de expedientes al asumir el cargo. Su gestión tendrá el desafío de resolver tanto las solicitudes pendientes como los decretos que ya completaron todas las etapas técnicas del proceso. El problema también tiene una dimensión humana. Otro informe elaborado por el Departamento de Estudios del propio servicio, fechado en octubre de 2025, analizó 61.543 solicitudes de nacionalización que ya habían sido acogidas a trámite. En ese universo se determinó que las personas cuyos expedientes fueron enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en Chile, mientras que quienes aún permanecen en el Servicio Nacional de Migraciones acumulan un promedio de 8,7 años en el país. El análisis también identificó las nacionalidades con mayor presencia entre las solicitudes pendientes. En los casos enviados al Ministerio del Interior predominan ciudadanos venezolanos (12.458), colombianos (2.460) y peruanos (1.190). Mientras tanto, entre los expedientes que siguen dentro del servicio destacan venezolanos (25.899), colombianos (4.988) y peruanos (2.803). Dentro del stock pendiente se identificaron además 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en Chile. La nacionalización representa un paso clave para muchos migrantes, ya que implica acceso pleno a derechos políticos, estabilidad jurídica e integración definitiva al país. Por lo mismo, el retraso en la resolución de estos expedientes genera incertidumbre sobre el futuro de miles de personas que han cumplido con los requisitos establecidos por la legislación chilena. Ahora, el desafío para la nueva administración será definir cómo enfrentar este rezago acumulado y qué criterios se aplicarán para resolver las solicitudes pendientes en el sistema migratorio del país. Fuente: biobio.cl
El optimismo sobre el futuro del país alcanzó su nivel más alto en siete años, según la última encuesta Plaza Pública Cadem. Un 59% de los chilenos se declaró esperanzado respecto del rumbo de Chile, cifra que no se veía desde abril de 2018. Este clima positivo se refuerza con una mejora en la percepción económica: un 37% afirma que la economía está progresando, su mejor registro desde marzo de 2019, mientras que las expectativas de consumo se mantienen elevadas en 46%, sostenidas por cuatro años. #Cadem Optimismo con respecto al futuro del país llega a 59%, el nivel más alto en siete años (abril 2018). Les recordamos que, según lo establecido en la Ley 18.700, está prohibida la difusión y publicación de encuestas relativas a las elecciones #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/sZX0yR0Iu8 — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025 Sin embargo, el escenario migratorio contrasta con este repunte. Un 72% considera que existe una crisis en la frontera norte, percepción que sube al 89% entre encuestados de derecha y baja al 48% en la izquierda. Además, un contundente 82% cree que las restricciones migratorias deben endurecerse. Aunque la llegada de extranjeros sigue siendo vista de manera negativa por el 69%, esta cifra cayó ocho puntos, mostrando una leve moderación. Las demandas de control siguen marcando tendencia: 87% apoya exigir visa de ingreso, aunque el apoyo a “cerrar completamente las fronteras” cayó a 57%, su nivel más bajo desde enero de 2024. En cuanto a migrantes que cometen delitos, el 50% prefiere que cumplan su condena en Chile antes de ser expulsados, superando por primera vez al 45% que opta por la expulsión inmediata. Un 93% declaró conocer la reciente salida de inmigrantes desde Chile hacia Perú. Para el 51%, esta migración responde al anuncio de expulsión inmediata hecho por el candidato opositor José Antonio Kast, mientras que solo un 14% lo atribuye a un flujo migratorio normal. #Cadem 72% cree que actualmente hay una crisis migratoria en el norte de Chile y 82% (-5pts) piensa que debería haber más restricciones que las actuales. ➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/FPzkc5riYE — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025 En el ámbito político, la gestión del Presidente Gabriel Boric mostró un leve avance. Su aprobación subió tres puntos y llegó al 37%, mientras que la desaprobación bajó a 57%, reflejando un clima ciudadano que combina optimismo económico con persistente inquietud por la situación migratoria. #Cadem En la primera semana de diciembre, 37% (+3pts) aprueba la gestión del Presidente Boric y 57% (-3pts) la desaprueba. ➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/U1tSbecqOB — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025
El debate sobre la migración no regularizada en la región de Antofagasta se intensifica tras la publicación de proyecciones oficiales que dimensionan el fenómeno. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región albergaría a 13.664 personas en situación migratoria irregular hasta 2023, marcando un alarmante aumento del 131,48% en comparación con el año anterior. Este incremento se ha convertido en el eje central de la discusión pública y política, generando una marcada división entre los parlamentarios de Antofagasta. Por un lado, se alzan voces que exigen mayor rigurosidad y acciones punitivas, mientras que, por otro, se subraya la contribución de los migrantes al mercado laboral local. Ante esto, el senador Pedro Araya (PPD) se mostró enfático al defender la necesidad de la expulsión acelerada, argumentando que “siempre hemos sido partidarios de agilizar lo más posible la expulsión de inmigrantes indocumentados”. Para el parlamentario, es crucial enviar “señales claras” para que el ingreso irregular tenga consecuencias. En una línea similar, la senadora Paulina Núñez (RN) vinculó directamente el aumento de las cifras con una presunta inacción del gobierno en el resguardo fronterizo. La legisladora demandó “decisiones firmes” y un proceso de fiscalización masiva que culmine en expulsiones para quienes no logren regularizar su estado, señalando que la cifra “refleja el abandono del control fronterizo”. La vereda opuesta es defendida por el senador Esteban Velásquez (Frevs), quien puso el foco en el rol económico de la población migrante. El parlamentario recordó el llamado de entidades como la Sociedad Nacional de Agricultura para formalizar a trabajadores temporeros, e hizo hincapié en que los extranjeros cubren puestos necesarios en sectores como la construcción, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y recolección de residuos, además de la minería, planteando la necesidad de considerar políticas de regularización o mecanismos temporales para esta mano de obra. Finalmente, la tensión entre la mayor fiscalización y expulsión versus la integración laboral y regularización se mantiene, dejando a la región de Antofagasta en el centro de la controversia migratoria a nivel nacional.
Una compleja situación administrativa enfrenta el sistema migratorio en Chile luego de revelarse que más de 120 mil solicitudes de nacionalización permanecen pendientes de resolución. Según antecedentes dados a conocer por Radio Bío Bío, el retraso quedó en evidencia tras la salida de Luis Thayer de la dirección del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), cargo que ocupó durante cuatro años en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. De acuerdo con documentos internos del propio servicio, correspondientes al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad, actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución. La cifra representa un aumento del 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. El dato resulta aún más llamativo si se considera que durante el mismo período disminuyó la cantidad de nuevas solicitudes. Según el informe, durante 2025 se registró una baja del 19% en la presentación de solicitudes en comparación con el año anterior. En otras palabras, mientras ingresaban menos trámites, el número de expedientes pendientes continuó creciendo. Pero el problema no se limita únicamente a los expedientes en espera dentro del sistema. El mismo reporte advierte que existen 22.896 solicitudes adicionales que ya fueron revisadas técnicamente y que se encontraban en la etapa final de firma de la autoridad o notificación. Es decir, casos que ya habían cumplido todas las revisiones administrativas y solo requerían la aprobación final del gobierno. Según consigna biobio.cl, dentro de ese grupo se identificaron 22.017 decretos pendientes en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, otros 752 en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación. La falta de firma antes del cambio de mando dejó estos decretos pendientes como parte de la herencia administrativa para la nueva autoridad del servicio. El nuevo director nacional del Servicio Nacional de Migraciones será el exdiputado Frank Sauerbaum (RN), quien deberá enfrentar esta acumulación de expedientes al asumir el cargo. Su gestión tendrá el desafío de resolver tanto las solicitudes pendientes como los decretos que ya completaron todas las etapas técnicas del proceso. El problema también tiene una dimensión humana. Otro informe elaborado por el Departamento de Estudios del propio servicio, fechado en octubre de 2025, analizó 61.543 solicitudes de nacionalización que ya habían sido acogidas a trámite. En ese universo se determinó que las personas cuyos expedientes fueron enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en Chile, mientras que quienes aún permanecen en el Servicio Nacional de Migraciones acumulan un promedio de 8,7 años en el país. El análisis también identificó las nacionalidades con mayor presencia entre las solicitudes pendientes. En los casos enviados al Ministerio del Interior predominan ciudadanos venezolanos (12.458), colombianos (2.460) y peruanos (1.190). Mientras tanto, entre los expedientes que siguen dentro del servicio destacan venezolanos (25.899), colombianos (4.988) y peruanos (2.803). Dentro del stock pendiente se identificaron además 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en Chile. La nacionalización representa un paso clave para muchos migrantes, ya que implica acceso pleno a derechos políticos, estabilidad jurídica e integración definitiva al país. Por lo mismo, el retraso en la resolución de estos expedientes genera incertidumbre sobre el futuro de miles de personas que han cumplido con los requisitos establecidos por la legislación chilena. Ahora, el desafío para la nueva administración será definir cómo enfrentar este rezago acumulado y qué criterios se aplicarán para resolver las solicitudes pendientes en el sistema migratorio del país. Fuente: biobio.cl
El optimismo sobre el futuro del país alcanzó su nivel más alto en siete años, según la última encuesta Plaza Pública Cadem. Un 59% de los chilenos se declaró esperanzado respecto del rumbo de Chile, cifra que no se veía desde abril de 2018. Este clima positivo se refuerza con una mejora en la percepción económica: un 37% afirma que la economía está progresando, su mejor registro desde marzo de 2019, mientras que las expectativas de consumo se mantienen elevadas en 46%, sostenidas por cuatro años. #Cadem Optimismo con respecto al futuro del país llega a 59%, el nivel más alto en siete años (abril 2018). Les recordamos que, según lo establecido en la Ley 18.700, está prohibida la difusión y publicación de encuestas relativas a las elecciones #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/sZX0yR0Iu8 — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025 Sin embargo, el escenario migratorio contrasta con este repunte. Un 72% considera que existe una crisis en la frontera norte, percepción que sube al 89% entre encuestados de derecha y baja al 48% en la izquierda. Además, un contundente 82% cree que las restricciones migratorias deben endurecerse. Aunque la llegada de extranjeros sigue siendo vista de manera negativa por el 69%, esta cifra cayó ocho puntos, mostrando una leve moderación. Las demandas de control siguen marcando tendencia: 87% apoya exigir visa de ingreso, aunque el apoyo a “cerrar completamente las fronteras” cayó a 57%, su nivel más bajo desde enero de 2024. En cuanto a migrantes que cometen delitos, el 50% prefiere que cumplan su condena en Chile antes de ser expulsados, superando por primera vez al 45% que opta por la expulsión inmediata. Un 93% declaró conocer la reciente salida de inmigrantes desde Chile hacia Perú. Para el 51%, esta migración responde al anuncio de expulsión inmediata hecho por el candidato opositor José Antonio Kast, mientras que solo un 14% lo atribuye a un flujo migratorio normal. #Cadem 72% cree que actualmente hay una crisis migratoria en el norte de Chile y 82% (-5pts) piensa que debería haber más restricciones que las actuales. ➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/FPzkc5riYE — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025 En el ámbito político, la gestión del Presidente Gabriel Boric mostró un leve avance. Su aprobación subió tres puntos y llegó al 37%, mientras que la desaprobación bajó a 57%, reflejando un clima ciudadano que combina optimismo económico con persistente inquietud por la situación migratoria. #Cadem En la primera semana de diciembre, 37% (+3pts) aprueba la gestión del Presidente Boric y 57% (-3pts) la desaprueba. ➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/U1tSbecqOB — Cadem_cl (@Cadem_cl) December 7, 2025
El debate sobre la migración no regularizada en la región de Antofagasta se intensifica tras la publicación de proyecciones oficiales que dimensionan el fenómeno. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región albergaría a 13.664 personas en situación migratoria irregular hasta 2023, marcando un alarmante aumento del 131,48% en comparación con el año anterior. Este incremento se ha convertido en el eje central de la discusión pública y política, generando una marcada división entre los parlamentarios de Antofagasta. Por un lado, se alzan voces que exigen mayor rigurosidad y acciones punitivas, mientras que, por otro, se subraya la contribución de los migrantes al mercado laboral local. Ante esto, el senador Pedro Araya (PPD) se mostró enfático al defender la necesidad de la expulsión acelerada, argumentando que “siempre hemos sido partidarios de agilizar lo más posible la expulsión de inmigrantes indocumentados”. Para el parlamentario, es crucial enviar “señales claras” para que el ingreso irregular tenga consecuencias. En una línea similar, la senadora Paulina Núñez (RN) vinculó directamente el aumento de las cifras con una presunta inacción del gobierno en el resguardo fronterizo. La legisladora demandó “decisiones firmes” y un proceso de fiscalización masiva que culmine en expulsiones para quienes no logren regularizar su estado, señalando que la cifra “refleja el abandono del control fronterizo”. La vereda opuesta es defendida por el senador Esteban Velásquez (Frevs), quien puso el foco en el rol económico de la población migrante. El parlamentario recordó el llamado de entidades como la Sociedad Nacional de Agricultura para formalizar a trabajadores temporeros, e hizo hincapié en que los extranjeros cubren puestos necesarios en sectores como la construcción, hotelería, gastronomía, estaciones de servicio y recolección de residuos, además de la minería, planteando la necesidad de considerar políticas de regularización o mecanismos temporales para esta mano de obra. Finalmente, la tensión entre la mayor fiscalización y expulsión versus la integración laboral y regularización se mantiene, dejando a la región de Antofagasta en el centro de la controversia migratoria a nivel nacional.