La ciudad de Calama continúa viviendo jornadas de profundo recogimiento tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó una funcionaria fallecida y a otras personas gravemente heridas. Mientras la comunidad educativa despide a la inspectora María Victoria Reyes, conocida por los estudiantes como la “tía Vicky”, la preocupación se concentra ahora en el delicado estado de salud de Haydée Moya Moya, quien permanece internada en riesgo vital en el Hospital del Cobre. De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, Haydée Moya continúa en estado grave y bajo cuidados intensivos tras las múltiples heridas sufridas durante el ataque ocurrido al interior del establecimiento educacional. La funcionaria, que se desempeña como asistente de la educación en el colegio, fue trasladada de urgencia al recinto asistencial, donde logró ingresar oportunamente para recibir atención médica especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones comprometió diversos órganos de su cuerpo, situación que mantiene a la trabajadora hospitalizada en condición crítica. Según el reporte entregado por su familia, las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución. “Haydée se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos. Las próximas horas serán cruciales para su evolución”, señala el comunicado difundido públicamente, en el que también agradecen las múltiples muestras de apoyo, cariño y oraciones que han recibido durante los últimos días. La familia describió a la funcionaria como una mujer profundamente comprometida con su labor educativa, destacando su vocación por el cuidado y formación de los estudiantes. “Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”, expresaron. Mientras tanto, Calama vive su segundo día de duelo oficial. En el frontis del Instituto Obispo Silva Lezaeta se instaló un altar con globos blancos, velas y pancartas que exigen justicia por la muerte de la inspectora María Victoria Reyes. Sus restos están siendo velados en una capilla cercana al establecimiento, donde estudiantes, profesores y vecinos han llegado a despedirla. En paralelo, un estudiante de 15 años que también resultó herido permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta. Según el último reporte médico, el menor se mantiene estable dentro de su gravedad, aunque todavía bajo estricta vigilancia médica. Ante la conmoción que ha generado este caso, las autoridades activaron un plan de acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familias del establecimiento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. En tanto, el joven imputado por el ataque fue trasladado por razones de seguridad hasta la cárcel de Antofagasta, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. Su formalización quedó programada para este martes.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
La ciudad de Calama continúa viviendo jornadas de profundo recogimiento tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó una funcionaria fallecida y a otras personas gravemente heridas. Mientras la comunidad educativa despide a la inspectora María Victoria Reyes, conocida por los estudiantes como la “tía Vicky”, la preocupación se concentra ahora en el delicado estado de salud de Haydée Moya Moya, quien permanece internada en riesgo vital en el Hospital del Cobre. De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, Haydée Moya continúa en estado grave y bajo cuidados intensivos tras las múltiples heridas sufridas durante el ataque ocurrido al interior del establecimiento educacional. La funcionaria, que se desempeña como asistente de la educación en el colegio, fue trasladada de urgencia al recinto asistencial, donde logró ingresar oportunamente para recibir atención médica especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones comprometió diversos órganos de su cuerpo, situación que mantiene a la trabajadora hospitalizada en condición crítica. Según el reporte entregado por su familia, las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución. “Haydée se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos. Las próximas horas serán cruciales para su evolución”, señala el comunicado difundido públicamente, en el que también agradecen las múltiples muestras de apoyo, cariño y oraciones que han recibido durante los últimos días. La familia describió a la funcionaria como una mujer profundamente comprometida con su labor educativa, destacando su vocación por el cuidado y formación de los estudiantes. “Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”, expresaron. Mientras tanto, Calama vive su segundo día de duelo oficial. En el frontis del Instituto Obispo Silva Lezaeta se instaló un altar con globos blancos, velas y pancartas que exigen justicia por la muerte de la inspectora María Victoria Reyes. Sus restos están siendo velados en una capilla cercana al establecimiento, donde estudiantes, profesores y vecinos han llegado a despedirla. En paralelo, un estudiante de 15 años que también resultó herido permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta. Según el último reporte médico, el menor se mantiene estable dentro de su gravedad, aunque todavía bajo estricta vigilancia médica. Ante la conmoción que ha generado este caso, las autoridades activaron un plan de acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familias del establecimiento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. En tanto, el joven imputado por el ataque fue trasladado por razones de seguridad hasta la cárcel de Antofagasta, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. Su formalización quedó programada para este martes.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
