Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizará este viernes, a partir de las 10:00 horas, una audiencia clave para definir el futuro penitenciario de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas. La instancia, que se desarrollará por videoconferencia, abordará la solicitud de reconocimiento de los años que permaneció privada de libertad en Países Bajos y el lugar donde continuará cumpliendo la condena que pesa en su contra. Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora del delito consumado de fraude al fisco, ilícito cometido durante su gestión al frente de la Municipalidad de Antofagasta. Sin embargo, antes de que la sentencia quedara firme, abandonó Chile con destino a Europa para evitar el cumplimiento de la pena. La exjefa comunal fue detenida el 13 de julio de 2022 en Ámsterdam, iniciando un proceso de extradición que la mantuvo recluida durante cuatro años en la Penitenciaría de Utrecht. Tras autorizarse su entrega a Chile por parte de la justicia neerlandesa, regresó al país el pasado 15 de julio e ingresó en calidad de condenada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago. La audiencia de este viernes será dirigida por el juez Andrés Santelices, quien dispuso que el recinto penitenciario facilite los medios tecnológicos para que Rojo participe de forma remota a través de la plataforma Zoom. Asimismo, el magistrado instruyó a las partes presentar todos los antecedentes necesarios para sustentar sus posiciones, incluyendo documentación original y certificados debidamente legalizados o apostillados, conforme a las exigencias de la legislación chilena y los tratados internacionales vigentes. El principal punto en discusión será determinar si los cuatro años que Rojo permaneció privada de libertad en Europa pueden ser considerados como abono a la condena que cumple en Chile. De acogerse esta solicitud, la exalcaldesa habría cumplido más de la mitad de la pena impuesta, lo que le permitiría acceder a beneficios intrapenitenciarios, como permisos de salida, o incluso postular en el próximo proceso semestral de libertad condicional, siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa. En paralelo, trascendió que el abogado Juan Carlos Manríquez se incorporaría al equipo defensor encabezado por Fidel Castro Allendes, reforzando la estrategia jurídica de la exalcaldesa en esta nueva etapa del proceso judicial.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
Este jueves, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas D emocracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver la competencia para tramitar esta causa, donde la Fiscalía imputa doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, la que en mayo de este año, fue d erivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, durante la audiencia de este jueves, la jueza decidió aplicar las normas del Código Orgánico de Tribunales, que prescriben que cuando existen distintos hechos investigados en conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito. En este escenario, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo); Por lo anterior, como el acuerdo tuvo lugar en Antofagasta, se determinó la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que la situación deberá ser revisada nuevamente. En concreto, el Octavo Juzgado de Garantía, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá determinar si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino. En este escenario, si la Corte decide remitir nuevamente los antecedentes a Santiago, la competencia del caso será resuelta por Corte Suprema.
Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta realizará este viernes, a partir de las 10:00 horas, una audiencia clave para definir el futuro penitenciario de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas. La instancia, que se desarrollará por videoconferencia, abordará la solicitud de reconocimiento de los años que permaneció privada de libertad en Países Bajos y el lugar donde continuará cumpliendo la condena que pesa en su contra. Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora del delito consumado de fraude al fisco, ilícito cometido durante su gestión al frente de la Municipalidad de Antofagasta. Sin embargo, antes de que la sentencia quedara firme, abandonó Chile con destino a Europa para evitar el cumplimiento de la pena. La exjefa comunal fue detenida el 13 de julio de 2022 en Ámsterdam, iniciando un proceso de extradición que la mantuvo recluida durante cuatro años en la Penitenciaría de Utrecht. Tras autorizarse su entrega a Chile por parte de la justicia neerlandesa, regresó al país el pasado 15 de julio e ingresó en calidad de condenada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en Santiago. La audiencia de este viernes será dirigida por el juez Andrés Santelices, quien dispuso que el recinto penitenciario facilite los medios tecnológicos para que Rojo participe de forma remota a través de la plataforma Zoom. Asimismo, el magistrado instruyó a las partes presentar todos los antecedentes necesarios para sustentar sus posiciones, incluyendo documentación original y certificados debidamente legalizados o apostillados, conforme a las exigencias de la legislación chilena y los tratados internacionales vigentes. El principal punto en discusión será determinar si los cuatro años que Rojo permaneció privada de libertad en Europa pueden ser considerados como abono a la condena que cumple en Chile. De acogerse esta solicitud, la exalcaldesa habría cumplido más de la mitad de la pena impuesta, lo que le permitiría acceder a beneficios intrapenitenciarios, como permisos de salida, o incluso postular en el próximo proceso semestral de libertad condicional, siempre que reúna los requisitos establecidos por la normativa. En paralelo, trascendió que el abogado Juan Carlos Manríquez se incorporaría al equipo defensor encabezado por Fidel Castro Allendes, reforzando la estrategia jurídica de la exalcaldesa en esta nueva etapa del proceso judicial.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia para comunicar el cierre de la investigación en una de las aristas del denominado caso Convenios que involucra a los exfuncionarios de Gobierno Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. La petición fue ingresada el pasado 7 de julio por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, quien informó al tribunal que la investigación fue concluida y que el Ministerio Público adoptó la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los tres imputados, al no contar con antecedentes suficientes para sustentar una formalización. En el escrito presentado al tribunal, la Fiscalía señala que la determinación alcanza a Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, precisando que las diligencias realizadas no permitieron reunir evidencia suficiente para continuar con la persecución penal en esta causa. Tras recibir la presentación, el Juzgado de Garantía de Antofagasta citó a todos los intervinientes a una audiencia para discutir la solicitud del Ministerio Público. La instancia quedó fijada para el próximo 21 de agosto, a partir de las 08:30 horas. Esta investigación corresponde a una de las múltiples aristas derivadas del caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y organizaciones privadas. Al momento en que estalló el caso, Giorgio Jackson ejercía como ministro de Desarrollo Social; Miguel Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda; mientras que Javiera Martínez era directora de Presupuestos, cargo desde el cual, según los antecedentes investigados, habría participado en la validación de traspasos de recursos entre organismos públicos y entidades privadas. La decisión de no perseverar en esta investigación será comunicada formalmente por la Fiscalía durante la audiencia programada para agosto.
Este jueves, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas D emocracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver la competencia para tramitar esta causa, donde la Fiscalía imputa doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, la que en mayo de este año, fue d erivada a Santiago por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Sin embargo, durante la audiencia de este jueves, la jueza decidió aplicar las normas del Código Orgánico de Tribunales, que prescriben que cuando existen distintos hechos investigados en conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito. En este escenario, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo); Por lo anterior, como el acuerdo tuvo lugar en Antofagasta, se determinó la competencia territorial del tribunal antofagastino para continuar con la causa. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que la situación deberá ser revisada nuevamente. En concreto, el Octavo Juzgado de Garantía, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tribunal que deberá determinar si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino. En este escenario, si la Corte decide remitir nuevamente los antecedentes a Santiago, la competencia del caso será resuelta por Corte Suprema.
