El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados del ranking de gestión hospitalaria, instrumento que evalúa distintos aspectos de funcionamiento, donde tanto el Hospital de Antofagasta como el Hospital de Calama figuraron entre los establecimientos con menores resultados. La medición se realiza a través del Balance Score Card, instrumento desarrollado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para medir el desempeño de los 62 hospitales de mayor complejidad del país a través de 29 indicadores vinculados a la gestión asistencial, eficiencia operacional, sustentabilidad financiera y calidad de la atención, donde sólo 26 recintos del país lograron superar la meta del 75% del estándar. En el caso de los establecimientos de la región, ambos integran el tercer eslabón de la medición, que corresponde a un grupo de 21 recintos hospitalarios que obtuvieron menos del 70% de cumplimiento, quedando bajo del estándar. En tanto, otros 15 establecimientos quedaron con resultados entre el 75% y el 74,9%. Específicamente, el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta solo alcanzó un 61,2%, mientras que el Hospital de Calama llegó al 68% de cumplimiento de los estándares fijados por el Minsal, correspondiente al año 2025. Por parte de la dirección del Hospital Regional, reconocieron no haber logrado la meta establecida en cuanto a gestión hospitalaria y atención de salud, apuntando, en gran parte, a las diversas problemáticas generadas por las deficiencias de la empresa concesionaria Salud Siglo XXI, del grupo español Sacyr. A nivel nacional, el mejor resultado fue obtenido por el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central), que encabezó el ranking con un 91,1% de cumplimiento, seguido por el Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo, con un 90,5%. Ambos establecimientos ubicados en la Región Metropolitana Finalmente, desde la subsecretaría de Redes Asistenciales remarcaron que los hospitales que no alcanzaron el estándar, como es el caso de Antofagasta y Calama, deberán elaborar un plan de ajuste y contingencia, orientado a corregir las brechas detectadas y avanzar en el cumplimiento de los indicadores definidos por el Ministerio de Salud.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados del ranking de gestión hospitalaria, instrumento que evalúa distintos aspectos de funcionamiento, donde tanto el Hospital de Antofagasta como el Hospital de Calama figuraron entre los establecimientos con menores resultados. La medición se realiza a través del Balance Score Card, instrumento desarrollado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para medir el desempeño de los 62 hospitales de mayor complejidad del país a través de 29 indicadores vinculados a la gestión asistencial, eficiencia operacional, sustentabilidad financiera y calidad de la atención, donde sólo 26 recintos del país lograron superar la meta del 75% del estándar. En el caso de los establecimientos de la región, ambos integran el tercer eslabón de la medición, que corresponde a un grupo de 21 recintos hospitalarios que obtuvieron menos del 70% de cumplimiento, quedando bajo del estándar. En tanto, otros 15 establecimientos quedaron con resultados entre el 75% y el 74,9%. Específicamente, el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta solo alcanzó un 61,2%, mientras que el Hospital de Calama llegó al 68% de cumplimiento de los estándares fijados por el Minsal, correspondiente al año 2025. Por parte de la dirección del Hospital Regional, reconocieron no haber logrado la meta establecida en cuanto a gestión hospitalaria y atención de salud, apuntando, en gran parte, a las diversas problemáticas generadas por las deficiencias de la empresa concesionaria Salud Siglo XXI, del grupo español Sacyr. A nivel nacional, el mejor resultado fue obtenido por el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central), que encabezó el ranking con un 91,1% de cumplimiento, seguido por el Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo, con un 90,5%. Ambos establecimientos ubicados en la Región Metropolitana Finalmente, desde la subsecretaría de Redes Asistenciales remarcaron que los hospitales que no alcanzaron el estándar, como es el caso de Antofagasta y Calama, deberán elaborar un plan de ajuste y contingencia, orientado a corregir las brechas detectadas y avanzar en el cumplimiento de los indicadores definidos por el Ministerio de Salud.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó un reparo por $2.353.540.670 contra el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar una serie de irregularidades que derivaron en pagos improcedentes entre 2023 y 2025, por servicios cuya ejecución no pudo ser acreditada. Los antecedentes fueron desarrollados en el Informe N°673 de 2025, que reveló diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios de seguridad, vigilancia, aseo y otras labores de control financiero de dicho establecimiento de salud. De acuerdo al ente contralor, el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón de la misma Contraloría, documentos que no fueron enviados al organismo para su aprobación. En esa línea, el recinto de salud efectuó pagos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, es decir, contratos o asignación de personal correspondiente. Por otra parte, también fueron detectados pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada. Además, se hallaron otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, pagos que tampoco permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto. Incluso, el órgano contralor también advirtió de la existencia de pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados por las unidades encargadas de la validación financiera. Respecto a las irregularidades en contrataciones, el informe da cuenta de falta de autenticidad para acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes. En esa misma línea, se constataron otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado. En este escenario, el organismo anunció la presentación de un el reparo, es decir, demanda en juicio de cuentas, por un total de $ 2.353.540.670. Conflicto de interés La revisión también reveló observaciones en contrataciones por $558.158.273 con otra empresa, por presentar documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que además, se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados. En dicha celebración de contrato, Contraloría detectó un conflicto de interés vinculado a un funcionario del Hospital de Calama, que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa. Finalmente, el ente contralor determinó debilidades en sus sistemas de control interno, como ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos de proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes. Con todo la anterior, debido a la gravedad de los antecedentes la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinado y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
