La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Antofagasta dictó una sentencia de 10 años y un día de presidio efectivo contra Francisco Javier Reyes Rodríguez, declarado autor del delito consumado de homicidio simple. El ilícito se registró en mayo del año pasado en un domicilio de la ciudad, en un caso que el fallo unánime del tribunal ha resuelto. Ante esto, los magistrados aplicaron la pena máxima contemplada para el delito, además de las accesorias legales que incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Según la acusación y lo que el tribunal dio por acreditadomás allá de toda duda razonable (causa rol 392-2025), el crimen ocurrió la madrugada del 2 de mayo de 2024. Reyes Rodríguez se encontraba al interior de una vivienda particular cuando, al encontrar a su pareja en un dormitorio con la víctima, identificada con las iniciales C.A.M.A., se ofuscó y procedió al ataque. Finalmente, el condenado tomó un arma cortopunzante y se abalanzó sobre la víctima, propinándole al menos seis estocadas en la espalda y región lumbar, además de otras lesiones en una pierna. Las heridas, descritas por el Servicio Médico Legal comomúltiples toracoabdominales complicadas, de carácter homicida, le causaron la muerte de forma inmediata. La sentencia subraya el carácter de las lesiones como las causas directas del deceso de C.A.M.A.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
La Fiscalía boliviana investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en el departamento de Oruro, un caso que ha puesto nuevamente en evidencia la peligrosidad de las rutas utilizadas para el contrabando de vehículos y el narcotráfico entre Chile y Bolivia. Así lo confirmó este viernes el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, quien entregó detalles del avance de la indagatoria. De acuerdo con la investigación preliminar, cuatro ciudadanos chilenos ingresaron hace algunos días a la ciudad de Oruro con el objetivo de robar una camioneta desde un domicilio particular. Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la localidad conocida como “México Chico”, en el municipio de Challapata, sector identificado por las autoridades como una de las zonas más peligrosas del país altiplánico debido a la ausencia del Estado y la fuerte presencia de actividades ilícitas. Según explicó el fiscal Morales, el grupo se dividió durante el traslado: dos de los involucrados continuaron en la camioneta robada, mientras que los otros dos tomaron una ruta distinta. De estos últimos, uno fue aprehendido por la policía boliviana y el otro logró escapar del territorio. La investigación sostiene que, una vez en “México Chico”, los dos ciudadanos que transportaban el vehículo intentaron modificar su apariencia, cambiando el color de la camioneta con el fin de venderla como un automóvil indocumentado. Sin embargo, fueron interceptados por un grupo de personas que los redujo, los amarró y los sometió a torturas, para finalmente asesinarlos e incinerar tanto los cuerpos como el vehículo, el cual quedó completamente destruido. El ciudadano chileno detenido fue identificado como uno de los autores del robo inicial en Oruro y habría entregado a las autoridades información clave sobre la operación, incluyendo la nacionalidad del grupo y el motivo de su ingreso a Bolivia. En paralelo, se informó que el cuarto involucrado, que logró huir, se habría comunicado con las familias de las víctimas para coordinar el reconocimiento de los cuerpos y su posterior traslado a Chile. Morales señaló que una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas investigativas en el marco del delito de asesinato. La Policía boliviana, en tanto, indicó que los extranjeros involucrados ingresarían y saldrían de Bolivia de manera constante e ilegal, dedicándose al robo de vehículos para su posterior comercialización en zonas controladas por redes criminales. El fiscal confirmó además que se mantiene coordinación con autoridades chilenas para el intercambio de antecedentes, precisando que uno de los fallecidos registra historial delictual por homicidio y robo. El caso vuelve a encender las alertas sobre la operación de bandas binacionales dedicadas al contrabando de vehículos y al narcotráfico, que utilizan sectores como “México Chico” como enclaves estratégicos fuera del control estatal.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Antofagasta dictó una sentencia de 10 años y un día de presidio efectivo contra Francisco Javier Reyes Rodríguez, declarado autor del delito consumado de homicidio simple. El ilícito se registró en mayo del año pasado en un domicilio de la ciudad, en un caso que el fallo unánime del tribunal ha resuelto. Ante esto, los magistrados aplicaron la pena máxima contemplada para el delito, además de las accesorias legales que incluyen la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Según la acusación y lo que el tribunal dio por acreditadomás allá de toda duda razonable (causa rol 392-2025), el crimen ocurrió la madrugada del 2 de mayo de 2024. Reyes Rodríguez se encontraba al interior de una vivienda particular cuando, al encontrar a su pareja en un dormitorio con la víctima, identificada con las iniciales C.A.M.A., se ofuscó y procedió al ataque. Finalmente, el condenado tomó un arma cortopunzante y se abalanzó sobre la víctima, propinándole al menos seis estocadas en la espalda y región lumbar, además de otras lesiones en una pierna. Las heridas, descritas por el Servicio Médico Legal comomúltiples toracoabdominales complicadas, de carácter homicida, le causaron la muerte de forma inmediata. La sentencia subraya el carácter de las lesiones como las causas directas del deceso de C.A.M.A.
