La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
