La estrategia judicial de Karen Rojo encontró su primer gran obstáculo desde su regreso a Chile. Cuando todo parecía encaminado para avanzar hacia el cumplimiento del resto de su condena bajo un régimen de libertad vigilada intensiva, el Tribunal de Antofagasta decidió cerrar, por ahora, esa posibilidad. El Juzgado rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa para discutir la denominada pena mixta, argumentando que aún no existe un informe favorable de Gendarmería de Chile, requisito que la legislación considera indispensable antes de siquiera analizar la procedencia del beneficio. La resolución marca el primer revés para Rojo desde que fue extraditada desde Países Bajos para cumplir la condena de cinco años y un día de presidio por fraude al fisco. Hace apenas dos semanas, la defensa había conseguido un importante avance luego que la justicia acogiera el abono de los 1.463 días que la exautoridad permaneció privada de libertad en un recinto penitenciario de Utrecht, tiempo que ahora es descontado de su condena en Chile. Con ese paso cumplido, el abogado Fidel Castro inició la segunda etapa de la estrategia: solicitar que el saldo restante de la pena, cercano a un año, pudiera cumplirse bajo un régimen de libertad vigilada intensiva. Sin embargo, el magistrado Hans Durán estimó que la petición era improcedente mientras no exista el informe técnico exigido por el artículo 33 de la Ley 18.216. El tribunal fue categórico al señalar que los antecedentes enviados desde la penitenciaría de Utrecht, aunque dan cuenta del comportamiento de la condenada, no pueden reemplazar la evaluación que debe realizar Gendarmería de Chile. Ese informe debe analizar factores como el riesgo de reincidencia, las posibilidades de reinserción social, la conducta de la interna y la viabilidad de un eventual monitoreo telemático. Pese al rechazo, la resolución también abre la puerta para que el proceso continúe. El juez ordenó oficiar a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería para que evalúe si Karen Rojo cumple con los requisitos establecidos en la ley y elabore el informe correspondiente en un plazo máximo de 45 días. Solo una vez recibido ese documento, y siempre que su contenido sea favorable, el tribunal podrá fijar la audiencia donde se discutirá la posibilidad de sustituir el cumplimiento del resto de la condena por un régimen de libertad vigilada intensiva. Hasta entonces, la exalcaldesa de Antofagasta deberá permanecer recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, a la espera de una nueva definición judicial.
Durante la tarde de este martes, se reportó un intento de fuga al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Taltal, luego de que funcionarios del penal detectaran daños en un sector del recinto tras una ronda inspectiva. El hecho fue informado por la Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta, quienes aseguraron que el personal logró activar de forma inmediata los protocolos y finalmente, lograron frustrar la vulneración de seguridad. La Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta informa que, durante esta tarde, controló oportunamente un intento de vulneración a la seguridad interna, por parte de una persona privada de libertad, en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Taltal, señalaron. En este escenario, tras remitir los antecedentes al Ministerio Público, Gendarmería instruyó una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, mientras que el interno involucrado fue trasladado a otra unidad penal.
Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido este sábado en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama, en la Región de Antofagasta, tras ser sorprendido portando sustancias ilícitas entre sus pertenencias al interior del recinto penal. El hecho quedó al descubierto luego de controles internos realizados por personal del establecimiento, quienes detectaron elementos prohibidos ocultos en una cajetilla de cigarrillos. Tras la alerta, la situación fue denunciada de inmediato al Ministerio Público, que instruyó las primeras diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería. Horas más tarde, el funcionario fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile por infracción a la Ley 20.000 de drogas, quedando a disposición de la justicia. Durante la jornada, la Fiscalía de Calama lo formalizó por el delito correspondiente, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal acogió la petición del ente persecutor y decretó el ingreso del imputado a prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo que implica el ingreso de sustancias ilícitas a un recinto penitenciario. Además, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Desde Gendarmería reafirmaron su “compromiso irrestricto con la probidad”, subrayando que la institución mantiene una postura firme en la detección y denuncia de cualquier conducta irregular. “Gendarmería de Chile refuerza su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen siempre conforme a la ley y a los valores éticos que rigen su labor”, señalaron mediante un comunicado. El caso vuelve a poner en el centro del debate los mecanismos de control al interior de los recintos penales, particularmente en zonas estratégicas como Calama, donde la lucha contra el tráfico de drogas constituye una prioridad para las autoridades regionales y nacionales.
La estrategia judicial de Karen Rojo encontró su primer gran obstáculo desde su regreso a Chile. Cuando todo parecía encaminado para avanzar hacia el cumplimiento del resto de su condena bajo un régimen de libertad vigilada intensiva, el Tribunal de Antofagasta decidió cerrar, por ahora, esa posibilidad. El Juzgado rechazó fijar la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa para discutir la denominada pena mixta, argumentando que aún no existe un informe favorable de Gendarmería de Chile, requisito que la legislación considera indispensable antes de siquiera analizar la procedencia del beneficio. La resolución marca el primer revés para Rojo desde que fue extraditada desde Países Bajos para cumplir la condena de cinco años y un día de presidio por fraude al fisco. Hace apenas dos semanas, la defensa había conseguido un importante avance luego que la justicia acogiera el abono de los 1.463 días que la exautoridad permaneció privada de libertad en un recinto penitenciario de Utrecht, tiempo que ahora es descontado de su condena en Chile. Con ese paso cumplido, el abogado Fidel Castro inició la segunda etapa de la estrategia: solicitar que el saldo restante de la pena, cercano a un año, pudiera cumplirse bajo un régimen de libertad vigilada intensiva. Sin embargo, el magistrado Hans Durán estimó que la petición era improcedente mientras no exista el informe técnico exigido por el artículo 33 de la Ley 18.216. El tribunal fue categórico al señalar que los antecedentes enviados desde la penitenciaría de Utrecht, aunque dan cuenta del comportamiento de la condenada, no pueden reemplazar la evaluación que debe realizar Gendarmería de Chile. Ese informe debe analizar factores como el riesgo de reincidencia, las posibilidades de reinserción social, la conducta de la interna y la viabilidad de un eventual monitoreo telemático. Pese al rechazo, la resolución también abre la puerta para que el proceso continúe. El juez ordenó oficiar a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería para que evalúe si Karen Rojo cumple con los requisitos establecidos en la ley y elabore el informe correspondiente en un plazo máximo de 45 días. Solo una vez recibido ese documento, y siempre que su contenido sea favorable, el tribunal podrá fijar la audiencia donde se discutirá la posibilidad de sustituir el cumplimiento del resto de la condena por un régimen de libertad vigilada intensiva. Hasta entonces, la exalcaldesa de Antofagasta deberá permanecer recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, a la espera de una nueva definición judicial.
Durante la tarde de este martes, se reportó un intento de fuga al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Taltal, luego de que funcionarios del penal detectaran daños en un sector del recinto tras una ronda inspectiva. El hecho fue informado por la Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta, quienes aseguraron que el personal logró activar de forma inmediata los protocolos y finalmente, lograron frustrar la vulneración de seguridad. La Dirección Regional de Gendarmería de Antofagasta informa que, durante esta tarde, controló oportunamente un intento de vulneración a la seguridad interna, por parte de una persona privada de libertad, en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Taltal, señalaron. En este escenario, tras remitir los antecedentes al Ministerio Público, Gendarmería instruyó una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, mientras que el interno involucrado fue trasladado a otra unidad penal.
Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido este sábado en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama, en la Región de Antofagasta, tras ser sorprendido portando sustancias ilícitas entre sus pertenencias al interior del recinto penal. El hecho quedó al descubierto luego de controles internos realizados por personal del establecimiento, quienes detectaron elementos prohibidos ocultos en una cajetilla de cigarrillos. Tras la alerta, la situación fue denunciada de inmediato al Ministerio Público, que instruyó las primeras diligencias a la Oficina Regional de Investigación Criminal de Gendarmería. Horas más tarde, el funcionario fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile por infracción a la Ley 20.000 de drogas, quedando a disposición de la justicia. Durante la jornada, la Fiscalía de Calama lo formalizó por el delito correspondiente, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal acogió la petición del ente persecutor y decretó el ingreso del imputado a prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo que implica el ingreso de sustancias ilícitas a un recinto penitenciario. Además, se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Desde Gendarmería reafirmaron su “compromiso irrestricto con la probidad”, subrayando que la institución mantiene una postura firme en la detección y denuncia de cualquier conducta irregular. “Gendarmería de Chile refuerza su responsabilidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, asegurando que sus integrantes actúen siempre conforme a la ley y a los valores éticos que rigen su labor”, señalaron mediante un comunicado. El caso vuelve a poner en el centro del debate los mecanismos de control al interior de los recintos penales, particularmente en zonas estratégicas como Calama, donde la lucha contra el tráfico de drogas constituye una prioridad para las autoridades regionales y nacionales.
