A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
Un chileno y un venezolano fueron condenados a 15 y 4 años de cárcel efectiva, por ser declarados responsables del ataque contra una víctima mayor de edad, propinado luego de un partido de fútbol en un complejo deportivo, ubicado en el sector norte de Antofagasta. De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando tras una discusión y posterior riña entre jugadores, el acusado venezolano realizó disparos desde el interior de un vehículo, pero sin alcanzar a la víctima, lo que permitió que éste huyera del lugar en su propio automóvil. Minutos más tarde, al llegar al semáforo en Av. Edmundo Pérez Zujovic con Nicolás Tirado, la víctima fue alcanzado por el acusado chileno a bordo de una motocicleta, quien le dispara a corta distancia, causándole heridas en diversas partes del cuerpo. Pese a la gravedad de sus lesiones, el herido logró poner en marcha su vehículo y alejarse del lugar, hasta que pierde la conciencia y colisiona contra un poste del alumbrado público en Av. Pérez Zujovic con calle Azufre, donde es auxiliado y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Regional. En este escenario, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al ciudadano venezolano N.J.V.L., a la pena de 4 años de cárcel por el delito de disparos injustificados; mientras que al chileno M.B.J.V., le impuso penas de 10 años de cárcel por homicidio frustrado y otros 5 años por porte ilegal de arma de fuego. La sentencia establece que, una vez ejecutoriadas, las penas deberán cumplirse de manera efectiva, contando a favor de los condenados el tiempo que ambos han permanecido privados de libertad en la presente causa. Ahora, las defensas disponen de un plazo para recurrir en contra de la resolución del tribunal.
A partir de las 8:30 horas de este lunes se desarrollará una nueva audiencia de formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez, en el marco de la arista Antofagasta del denominado caso ProCultura. La diligencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y estará encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo liderado por el fiscal regional Juan Castro Bekios. En la instancia, el Ministerio Público imputará a ambos profesionales seis delitos consumados de apropiación indebida, apuntando a presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. Según la investigación, Larraín, en calidad de director ejecutivo de la ONG, y Gómez, como representante legal, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de recursos públicos transferidos a la entidad privada. Uno de los focos de la indagatoria corresponde al convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gore transfirió más de $629 millones a la fundación durante la administración del gobernador Ricardo Díaz. A ello se suman al menos cuatro convenios firmados con la Seremi de Vivienda, que implicaron traspasos superiores a los $500 millones. La Contraloría observó en su momento que estos recursos fueron adjudicados sin concurso público y que no existió una adecuada fiscalización respecto al uso de los fondos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos. Esta arista fue una de las primeras investigaciones que dieron origen al denominado caso Convenios. Además, será la segunda vez que Larraín y Gómez enfrenten una formalización, luego de la causa vinculada a la Gobernación Metropolitana. El abogado de Larraín, Cristián Arias, cuestionó la estrategia de la Fiscalía y sostuvo que la tesis del Ministerio Público “fracasó estrepitosamente” en Santiago, tanto en el Juzgado de Garantía como en la Corte de Apelaciones.
Un chileno y un venezolano fueron condenados a 15 y 4 años de cárcel efectiva, por ser declarados responsables del ataque contra una víctima mayor de edad, propinado luego de un partido de fútbol en un complejo deportivo, ubicado en el sector norte de Antofagasta. De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando tras una discusión y posterior riña entre jugadores, el acusado venezolano realizó disparos desde el interior de un vehículo, pero sin alcanzar a la víctima, lo que permitió que éste huyera del lugar en su propio automóvil. Minutos más tarde, al llegar al semáforo en Av. Edmundo Pérez Zujovic con Nicolás Tirado, la víctima fue alcanzado por el acusado chileno a bordo de una motocicleta, quien le dispara a corta distancia, causándole heridas en diversas partes del cuerpo. Pese a la gravedad de sus lesiones, el herido logró poner en marcha su vehículo y alejarse del lugar, hasta que pierde la conciencia y colisiona contra un poste del alumbrado público en Av. Pérez Zujovic con calle Azufre, donde es auxiliado y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Regional. En este escenario, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al ciudadano venezolano N.J.V.L., a la pena de 4 años de cárcel por el delito de disparos injustificados; mientras que al chileno M.B.J.V., le impuso penas de 10 años de cárcel por homicidio frustrado y otros 5 años por porte ilegal de arma de fuego. La sentencia establece que, una vez ejecutoriadas, las penas deberán cumplirse de manera efectiva, contando a favor de los condenados el tiempo que ambos han permanecido privados de libertad en la presente causa. Ahora, las defensas disponen de un plazo para recurrir en contra de la resolución del tribunal.
