Este lunes, el Gobierno autorizó la capitalización del 100% de lasutilidades de Codelco correspondientes al ejercicio 2025, equivalentes a US$ 2.422millones que permanecerán íntegramente en la compañía. La determinación fue anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la actividad de la conmemoración del Día del Minero en la División Andina de Codelco, en la que también participó el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y distintas autoridades. Al respecto, el P residente Kast, señaló que Es un día histórico paraCodelco, pero también para la minería en Chile”. Agregó que los recursos son escasos y lasnecesidades son infinitas, y que “nuestro desafío es cómo lo hacemos para administrar bienel patrimonio que tenemos y eso nos involucra a todos. Desde el gobierno, remarcan que el objetivo de la medida es dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y, fundamentalmente, evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa. Frente a los desafíos de producción y los compromisos financieros de la Corporación, nuestro objetivo es dar capacidad patrimonial real para resguardar laclasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y, fundamentalmente, evitarque la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa, sostuvo Mas. En tanto, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, aseguró que la medida obliga a la estatal a administrar los recursos priorizando lasinversiones realmente estratégicas para recuperar capacidad productiva. La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast es una señal de respaldo a Codelco y a la hoja de ruta que hemos planteado para fortalecer la empresa. Esta capitalización nos permiteavanzar con mayor solidez, pero también nos impone una enorme responsabilidad: administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, remarcó. Por otra parte, el biministro realizó el anuncio en las instalaciones de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, donde también fue parte de la inauguración del primer tramo electrificadodel sistema Trolley Assist en Rajo Rosario. El proyecto piloto sistema Trolley Assist inició su puesta en marcha en 2025, permitiendo reemplazar el uso de combustibles fósiles por energía proveniente de fuentes renovables,lo que ha permitido a la fecha, alcanzar un incremento de casi 80% en la eficiencia operativade los camiones CAEX y reducir 5.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.
Un deterioro sostenido de sus principales indicadores financieros y un alto nivel de endeudamiento reveló un informe elaborado por solicitud del nuevo directorio de Codelco, que analizó la situación de la estatal durante los últimos ocho años. El reporte se realizó tras la solicitud del directorio liderado por Bernardo Fontaine y analizaba los flujos de la compañía en los últimos años, con especial énfasis en las últimas direcciones, revelando un deterioro particularmente entre 2022 y 2025, cuando la estatal era presidida por Máximo Pacheco. Según citó Diario Financiero, entre los principales antecedentes, el documento destapa que Codelco realizó aportes al estado por US$7.039 millones, pero su endeudamiento aumentó en US$8.734 millones, lo anterior, durante el periodi comprendido 2022 y 2022. En ese mismo período, la empresa contrajo dedas por US$8.958 millones, mientras que las utilidades acumuladas alcanzaron solo US$626 millones. En tanto, la compañía también registró pérdidas por US$375 millones en 2023. En este escenario, de acuerdo al informe el endeudamiento de Codelco equivale a 14 veces las ganancias obtenidas durante el mismo período de tiempo. Por otra parte, el reporte da cuenta de que la deuda bruta de la compañía se mantiene bajo un crecimiento sostenido, puesto al término de 2024, la deuda aumentó un 50%, alcanzando los US$26.328 millones frente a los US$17.594 millones que se mantenían registrados en 2021. Además, la revisión propone que el aumento de la deuda no se vio reflejado en un aumento en los niveles de producción ni en una mejora de la rentabilidad, sino que fue destinado al financiamiento de inversiones, gastos e intereses. Bajo esa misma línea, el reporte también evidenció un incremento del costo financiero de la deuda. Esto, porque Codelco desembolsó US$1.127 millones en intereses sólo durante el año 2025, una cifra que podría incluso duplicar lo financiado durante 2018. Es más, de acuerdo al informe, la cifra supera la utilidad registrada ese mismo año, que alcanzó US$416 millones, excluyendo la utilidad contable por US$2.006 millones vinculada con Novandino Litio.
Durante el jueves 4 de junio, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (PR) presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables de la sobreestimación de producción detectada en Codelco. De acuerdo a los parlamentarios, los antecedentes del hecho podrían constituir delitos como administración desleal, falsificación de instrumento y fraude al fisco, entre otros. Por lo que solicitaron al menos 20 diligencias investigativas, como revisión de antecedentes de ejecutivos e incautaciones. En conversación con 24Horas, Mulet explicó que: Creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal. Y luego agregó que:Pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando. Además, el legislador aseguró que debido a que el edificio corporativo de la estatal se encuentra en la Región Metropolitana, pidieron que la investigación se radique en la misma región. Hemos pedido que se radique en la Región Metropolitana, en Santiago, producto de que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Y, por cierto, creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, sostuvo.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
Este lunes, el Gobierno autorizó la capitalización del 100% de lasutilidades de Codelco correspondientes al ejercicio 2025, equivalentes a US$ 2.422millones que permanecerán íntegramente en la compañía. La determinación fue anunciada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la actividad de la conmemoración del Día del Minero en la División Andina de Codelco, en la que también participó el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y distintas autoridades. Al respecto, el P residente Kast, señaló que Es un día histórico paraCodelco, pero también para la minería en Chile”. Agregó que los recursos son escasos y lasnecesidades son infinitas, y que “nuestro desafío es cómo lo hacemos para administrar bienel patrimonio que tenemos y eso nos involucra a todos. Desde el gobierno, remarcan que el objetivo de la medida es dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y, fundamentalmente, evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa. Frente a los desafíos de producción y los compromisos financieros de la Corporación, nuestro objetivo es dar capacidad patrimonial real para resguardar laclasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y, fundamentalmente, evitarque la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa, sostuvo Mas. En tanto, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, aseguró que la medida obliga a la estatal a administrar los recursos priorizando lasinversiones realmente estratégicas para recuperar capacidad productiva. La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast es una señal de respaldo a Codelco y a la hoja de ruta que hemos planteado para fortalecer la empresa. Esta capitalización nos permiteavanzar con mayor solidez, pero también nos impone una enorme responsabilidad: administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, remarcó. Por otra parte, el biministro realizó el anuncio en las instalaciones de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, donde también fue parte de la inauguración del primer tramo electrificadodel sistema Trolley Assist en Rajo Rosario. El proyecto piloto sistema Trolley Assist inició su puesta en marcha en 2025, permitiendo reemplazar el uso de combustibles fósiles por energía proveniente de fuentes renovables,lo que ha permitido a la fecha, alcanzar un incremento de casi 80% en la eficiencia operativade los camiones CAEX y reducir 5.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.
Un deterioro sostenido de sus principales indicadores financieros y un alto nivel de endeudamiento reveló un informe elaborado por solicitud del nuevo directorio de Codelco, que analizó la situación de la estatal durante los últimos ocho años. El reporte se realizó tras la solicitud del directorio liderado por Bernardo Fontaine y analizaba los flujos de la compañía en los últimos años, con especial énfasis en las últimas direcciones, revelando un deterioro particularmente entre 2022 y 2025, cuando la estatal era presidida por Máximo Pacheco. Según citó Diario Financiero, entre los principales antecedentes, el documento destapa que Codelco realizó aportes al estado por US$7.039 millones, pero su endeudamiento aumentó en US$8.734 millones, lo anterior, durante el periodi comprendido 2022 y 2022. En ese mismo período, la empresa contrajo dedas por US$8.958 millones, mientras que las utilidades acumuladas alcanzaron solo US$626 millones. En tanto, la compañía también registró pérdidas por US$375 millones en 2023. En este escenario, de acuerdo al informe el endeudamiento de Codelco equivale a 14 veces las ganancias obtenidas durante el mismo período de tiempo. Por otra parte, el reporte da cuenta de que la deuda bruta de la compañía se mantiene bajo un crecimiento sostenido, puesto al término de 2024, la deuda aumentó un 50%, alcanzando los US$26.328 millones frente a los US$17.594 millones que se mantenían registrados en 2021. Además, la revisión propone que el aumento de la deuda no se vio reflejado en un aumento en los niveles de producción ni en una mejora de la rentabilidad, sino que fue destinado al financiamiento de inversiones, gastos e intereses. Bajo esa misma línea, el reporte también evidenció un incremento del costo financiero de la deuda. Esto, porque Codelco desembolsó US$1.127 millones en intereses sólo durante el año 2025, una cifra que podría incluso duplicar lo financiado durante 2018. Es más, de acuerdo al informe, la cifra supera la utilidad registrada ese mismo año, que alcanzó US$416 millones, excluyendo la utilidad contable por US$2.006 millones vinculada con Novandino Litio.
Durante el jueves 4 de junio, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (PR) presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables de la sobreestimación de producción detectada en Codelco. De acuerdo a los parlamentarios, los antecedentes del hecho podrían constituir delitos como administración desleal, falsificación de instrumento y fraude al fisco, entre otros. Por lo que solicitaron al menos 20 diligencias investigativas, como revisión de antecedentes de ejecutivos e incautaciones. En conversación con 24Horas, Mulet explicó que: Creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal. Y luego agregó que:Pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando. Además, el legislador aseguró que debido a que el edificio corporativo de la estatal se encuentra en la Región Metropolitana, pidieron que la investigación se radique en la misma región. Hemos pedido que se radique en la Región Metropolitana, en Santiago, producto de que aquí está el edificio corporativo. Las 27 mil toneladas que se atribuyeron es una situación defraudatoria y grave, que no corresponde. Y, por cierto, creemos que hay delitos que se cometieron y por eso vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, sostuvo.
Una compleja situación enfrenta Codelco luego que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deban restituir parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025. La medida fue confirmada por la estatal minera tras reconocer que una auditoría interna detectó una sobreestimación de producción de cobre cercana a las 26.875 toneladas métricas finas, cifra que impactó directamente en el cálculo de incentivos variables y gratificaciones internas. “Como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores”, informó la compañía durante esta semana. La investigación, iniciada en marzo pasado, determinó que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas estaban asociadas a arsénico de calcio de División Ministro Hales. Según estableció la auditoría, ambos materiales no cumplían completamente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, por lo que debieron mantenerse registrados como productos en proceso. La corrección implica modificar la producción propia de la minera estatal reportada para 2025. Hace un mes, Codelco informó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que ahora deberá reducirse a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%. La vicepresidenta ejecutiva de Comisión Chilena del Cobre, Claudia Rodríguez, reveló además que el organismo ya mantenía sospechas sobre posibles desviaciones en las cifras desde febrero, situación que motivó el inicio de una auditoría paralela. Por su parte, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic, explicó que el recalculo de incentivos involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones, equivalente a cerca de 2 millones de pesos promedio por trabajador. La ejecutiva precisó que el directorio instruyó implementar mecanismos de regularización y recuperación de recursos “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron realizados sobre la base de información corporativa posteriormente corregida. El caso ya derivó en sanciones contra ocho personas vinculadas a la cadena de reportes de producción, entre ellas un exvicepresidente y un gerente que fue desvinculado de la compañía. Además, la estatal anunció una revisión y actualización de sus normativas internas relacionadas con reportes de producción, incorporando nuevos estándares y mejores prácticas internacionales para fortalecer sus mecanismos de control y evitar situaciones similares en el futuro. Desvinculación y sanciones Tras una extensa reunión de directorio realizada este miércoles, la empresa decidió despedir a César Márquez Márquez, quien se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión, además de aplicar sanciones disciplinarias a otros siete ejecutivos involucrados en el caso. Asimismo, la cuprera adelantó que presentará antecedentes ante el Ministerio Público debido al eventual compromiso de recursos públicos. La decisión fue impulsada por el actual presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, luego de conocer el informe elaborado por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, investigación que se inició tras una denuncia anónima recibida en febrero de 2026 por la presidenta del comité, Tamara Agnic. Según los antecedentes, cerca de 20 mil toneladas corresponderían a óxidos de División Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas provendrían de estimaciones infladas asociadas a polvos metalúrgicos del depósito Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las indagatorias apuntan a desviaciones en la aplicación de normas ligadas al reconocimiento de producción, cuyo objetivo habría sido mostrar mejores resultados respecto a las metas del año anterior. De acuerdo con altas fuentes de la minera estatal, Márquez habría aprobado la contabilización de 20 mil toneladas correspondientes a Chuquicamata utilizando de manera incorrecta la normativa requerida. Además, habría informado favorablemente estas cifras al presidente ejecutivo sin transparentar la falta de respaldos suficientes. La investigación también menciona eventuales vínculos del exvicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien dejó la empresa en febrero de 2026 tras cuestionamientos por omisión de información al Sernageomin en el accidente de El Teniente. El escándalo instaló fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la principal minera estatal del país y también sobre la gestión del saliente presidente del directorio, Máximo Pacheco.
Una auditoría interna realizada por Codelco detectó una grave sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025, situación que derivó en el pago de bonos por más de US$14,3 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz de la estatal minera. Según antecedentes conocidos en las últimas horas, las irregularidades investigadas apuntan a una sobreestimación cercana a las 27 mil toneladas de cobre informadas a fines del año pasado. De ese total, aproximadamente 20 mil toneladas corresponderían a óxidos provenientes de Chuquicamata, mientras que otras 7 mil toneladas estarían asociadas a polvos metalúrgicos vinculados al depósito de residuos mineros Montecristo, perteneciente a División Ministro Hales. Las cifras infladas impactaron directamente en el cálculo de incentivos y bonos internos de producción, los cuales dependen del cumplimiento de metas operacionales. Altas fuentes de la estatal señalaron que ahora la empresa deberá recalcular los incentivos ya pagados para intentar recuperar los recursos desembolsados. La investigación interna concluyó además con medidas disciplinarias contra ocho ejecutivos vinculados a la cadena de decisiones y controles asociados al reconocimiento de producción. Uno de ellos fue desvinculado de la compañía, mientras que otros siete recibieron sanciones administrativas. De acuerdo con información conocida por medios nacionales, cinco de los ejecutivos involucrados pertenecen a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, mientras que los otros tres forman parte de la casa matriz. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que las desviaciones detectadas en la aplicación de normas de contabilización habrían tenido como objetivo mostrar un mejor desempeño productivo respecto a las metas del año anterior. Debido a que el pago de bonos compromete recursos públicos, Codelco anunció que presentará antecedentes ante el Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales. El caso además abrió cuestionamientos políticos y administrativos sobre la gestión del saliente presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, instalando preocupación en distintos sectores respecto a los mecanismos de control y transparencia dentro de la principal empresa minera del país. La polémica ocurre en momentos especialmente sensibles para la minera estatal, en medio de desafíos productivos, presión por resultados financieros y crecientes exigencias de eficiencia en la principal productora de cobre del mundo.
