Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió la competencia de los tribunales en el denominado Caso ProCultura, concluyendo que la investigación por delitos de apropiación indebida debe continuar en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso, el Ministerio Público imputa a Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz seis delitos consumados de apropiación indebida, por presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la fundación ProCultura, el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la región. La Corte de Apelaciones declaró la competencia luego de que el tribunal de Antofagasta se declara incompetente en la causa y ordenara remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía de Santiago, no obstante, el tribunal de alzada de la región Metropolitana rechazó asumir la investigación. Debido a ello, la Corte debió resolver la disputa y en en su fallo, remarcó que de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito; lo que en este caso se habría gestado en la capital. Pese a que el Ministerio Público atribuye a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, el tribunal concluyó que la celebración de los convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y no constituyen el inicio de la ejecución del delito. Sino, que de acuerdo a la sentencia, las primeras conductas que podrían configurar la apropiación indebida corresponden a las operaciones bancarias que según quedó establecido en la formalización de la Fiscalía, fueron realizadas desde las cuentas de Fundación ProCultura administradas en la comuna de Las Condes. En este escenario, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió declarar competente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenando remitir todos los antecedentes para que continúe la investigación.
