Este lunes se actualizó el estado de salud del estudiante de 15 años y de la funcionaria que permanecen internados tras el violento ataque ocurrido el viernes al interior del Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama, hecho que dejó una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas. El caso más grave corresponde al alumno de 15 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica bajo vigilancia permanente del equipo médico. Según informó el director del recinto asistencial, doctor Antonio Cárdenas, el menor ingresó con múltiples heridas penetrantes toracoabdominales y en condición crítica. Actualmente se mantiene conectado a ventilación mecánica, con apoyo de drogas vasoactivas, antibióticos y drenajes torácicos y abdominales. “El paciente se encuentra en estado grave, con riesgo vital, pero ha evolucionado estable dentro de su condición clínica”, explicó la autoridad médica, quien agregó que el joven está recibiendo tratamiento de alta complejidad y monitoreo constante por parte del equipo de especialistas. Asimismo, el hospital dispuso de apoyo psicosocial para la familia del estudiante, con profesionales que han brindado contención emocional desde su ingreso al recinto. En cuanto a la segunda paciente de gravedad, se trata de una funcionaria del establecimiento educacional que se desempeña como paradocente y que resultó herida durante el ataque. La trabajadora continúa su recuperación en el Hospital del Cobre de Calama. Tras ser sometida a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas, durante esta jornada fue extubada y su estado de salud se mantiene estable, aunque sigue bajo observación del equipo clínico. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de ambos pacientes, mientras la comunidad educativa de Calama permanece conmocionada por el hecho que marcó una de las jornadas más trágicas registradas en un establecimiento escolar del país.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
La ciudad de Calama continúa viviendo jornadas de profundo recogimiento tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó una funcionaria fallecida y a otras personas gravemente heridas. Mientras la comunidad educativa despide a la inspectora María Victoria Reyes, conocida por los estudiantes como la “tía Vicky”, la preocupación se concentra ahora en el delicado estado de salud de Haydée Moya Moya, quien permanece internada en riesgo vital en el Hospital del Cobre. De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, Haydée Moya continúa en estado grave y bajo cuidados intensivos tras las múltiples heridas sufridas durante el ataque ocurrido al interior del establecimiento educacional. La funcionaria, que se desempeña como asistente de la educación en el colegio, fue trasladada de urgencia al recinto asistencial, donde logró ingresar oportunamente para recibir atención médica especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones comprometió diversos órganos de su cuerpo, situación que mantiene a la trabajadora hospitalizada en condición crítica. Según el reporte entregado por su familia, las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución. “Haydée se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos. Las próximas horas serán cruciales para su evolución”, señala el comunicado difundido públicamente, en el que también agradecen las múltiples muestras de apoyo, cariño y oraciones que han recibido durante los últimos días. La familia describió a la funcionaria como una mujer profundamente comprometida con su labor educativa, destacando su vocación por el cuidado y formación de los estudiantes. “Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”, expresaron. Mientras tanto, Calama vive su segundo día de duelo oficial. En el frontis del Instituto Obispo Silva Lezaeta se instaló un altar con globos blancos, velas y pancartas que exigen justicia por la muerte de la inspectora María Victoria Reyes. Sus restos están siendo velados en una capilla cercana al establecimiento, donde estudiantes, profesores y vecinos han llegado a despedirla. En paralelo, un estudiante de 15 años que también resultó herido permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta. Según el último reporte médico, el menor se mantiene estable dentro de su gravedad, aunque todavía bajo estricta vigilancia médica. Ante la conmoción que ha generado este caso, las autoridades activaron un plan de acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familias del establecimiento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. En tanto, el joven imputado por el ataque fue trasladado por razones de seguridad hasta la cárcel de Antofagasta, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. Su formalización quedó programada para este martes.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
Este lunes se actualizó el estado de salud del estudiante de 15 años y de la funcionaria que permanecen internados tras el violento ataque ocurrido el viernes al interior del Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama, hecho que dejó una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas. El caso más grave corresponde al alumno de 15 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Antofagasta, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica bajo vigilancia permanente del equipo médico. Según informó el director del recinto asistencial, doctor Antonio Cárdenas, el menor ingresó con múltiples heridas penetrantes toracoabdominales y en condición crítica. Actualmente se mantiene conectado a ventilación mecánica, con apoyo de drogas vasoactivas, antibióticos y drenajes torácicos y abdominales. “El paciente se encuentra en estado grave, con riesgo vital, pero ha evolucionado estable dentro de su condición clínica”, explicó la autoridad médica, quien agregó que el joven está recibiendo tratamiento de alta complejidad y monitoreo constante por parte del equipo de especialistas. Asimismo, el hospital dispuso de apoyo psicosocial para la familia del estudiante, con profesionales que han brindado contención emocional desde su ingreso al recinto. En cuanto a la segunda paciente de gravedad, se trata de una funcionaria del establecimiento educacional que se desempeña como paradocente y que resultó herida durante el ataque. La trabajadora continúa su recuperación en el Hospital del Cobre de Calama. Tras ser sometida a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas, durante esta jornada fue extubada y su estado de salud se mantiene estable, aunque sigue bajo observación del equipo clínico. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de ambos pacientes, mientras la comunidad educativa de Calama permanece conmocionada por el hecho que marcó una de las jornadas más trágicas registradas en un establecimiento escolar del país.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa desarrollando una serie de diligencias para reunir antecedentes que permitan al fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, formalizar este martes 31 de marzo al estudiante Hernán Meneses Leal, de 18 años, por los delitos de homicidio calificado consumado y tres homicidios frustrados tras el ataque ocurrido el viernes pasado en el Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. El Ministerio Público solicitó el sábado ampliar la detención del imputado con el objetivo de profundizar en la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 27 de marzo, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desató la tragedia al interior del establecimiento educacional. Las primeras diligencias realizadas por los detectives apuntan a que el ataque habría sido planificado con antelación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría estado elaborando su plan durante al menos cuatro meses. Parte de esa planificación habría quedado registrada en un cuaderno incautado por la policía y que actualmente es sometido a pericias. En ese escrito, el imputado habría manifestado ideas violentas contra la comunidad escolar e incluso referencias a quitarse la vida tras el ataque. El hecho terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien recibió múltiples heridas con un arma cortante de grandes dimensiones y falleció en el patio del establecimiento. Además, otra funcionaria resultó gravemente herida y tres estudiantes también sufrieron lesiones de consideración. Las indagatorias también se centran en el análisis del teléfono celular del imputado y de sus redes sociales. Según los investigadores, no se encontró un computador en su domicilio, lo que llamó la atención de los detectives. En paralelo, se revisan escritos, publicaciones y su actividad en juegos virtuales para establecer eventuales motivaciones. De acuerdo con informes policiales internos, el hecho ha sido calificado como una “masacre” debido a la planificación, la violencia ejercida y la cantidad de víctimas involucradas. Investigadores incluso plantean la hipótesis de que el atacante habría intentado emular episodios de violencia escolar ocurridos en otros países. El día del ataque, el establecimiento realizaba una jornada de “jeans day”. Meneses llegó al colegio, pero no ingresó a clases y permaneció deambulando por el recinto hasta encerrarse en un baño. Fue en ese momento cuando dos inspectoras se acercaron para pedirle que regresara a clases, instante en que el estudiante salió encapuchado, vestido de negro y portando un arma blanca de doble filo de aproximadamente 30 centímetros. Tras atacar a la inspectora, el imputado se desplazó hacia el patio del establecimiento, donde alumnos de segundo medio se encontraban en clases de música, atacando a tres estudiantes. La agresión fue detenida gracias a la intervención de un alumno de 15 años que logró derribarlo y, junto a otros compañeros, reducirlo y quitarle el arma. Durante el fin de semana, la PDI también incautó en la habitación del imputado otras armas blancas con inscripciones relacionadas a autores de ataques escolares en Estados Unidos, además de diversos elementos que habrían sido adquiridos días antes del hecho. Con estos antecedentes, la Fiscalía prepara la formalización del imputado, instancia en la que solicitará la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
La ciudad de Calama continúa viviendo jornadas de profundo recogimiento tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que dejó una funcionaria fallecida y a otras personas gravemente heridas. Mientras la comunidad educativa despide a la inspectora María Victoria Reyes, conocida por los estudiantes como la “tía Vicky”, la preocupación se concentra ahora en el delicado estado de salud de Haydée Moya Moya, quien permanece internada en riesgo vital en el Hospital del Cobre. De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, Haydée Moya continúa en estado grave y bajo cuidados intensivos tras las múltiples heridas sufridas durante el ataque ocurrido al interior del establecimiento educacional. La funcionaria, que se desempeña como asistente de la educación en el colegio, fue trasladada de urgencia al recinto asistencial, donde logró ingresar oportunamente para recibir atención médica especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones comprometió diversos órganos de su cuerpo, situación que mantiene a la trabajadora hospitalizada en condición crítica. Según el reporte entregado por su familia, las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución. “Haydée se encuentra en riesgo vital y bajo cuidados intensivos. Las próximas horas serán cruciales para su evolución”, señala el comunicado difundido públicamente, en el que también agradecen las múltiples muestras de apoyo, cariño y oraciones que han recibido durante los últimos días. La familia describió a la funcionaria como una mujer profundamente comprometida con su labor educativa, destacando su vocación por el cuidado y formación de los estudiantes. “Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”, expresaron. Mientras tanto, Calama vive su segundo día de duelo oficial. En el frontis del Instituto Obispo Silva Lezaeta se instaló un altar con globos blancos, velas y pancartas que exigen justicia por la muerte de la inspectora María Victoria Reyes. Sus restos están siendo velados en una capilla cercana al establecimiento, donde estudiantes, profesores y vecinos han llegado a despedirla. En paralelo, un estudiante de 15 años que también resultó herido permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta. Según el último reporte médico, el menor se mantiene estable dentro de su gravedad, aunque todavía bajo estricta vigilancia médica. Ante la conmoción que ha generado este caso, las autoridades activaron un plan de acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familias del establecimiento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido. En tanto, el joven imputado por el ataque fue trasladado por razones de seguridad hasta la cárcel de Antofagasta, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. Su formalización quedó programada para este martes.
Conmoción y profundo impacto ha generado el crimen ocurrido este viernes al interior de un colegio en Calama, región de Antofagasta, donde un estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a integrantes de la comunidad educativa, provocando la muerte de una inspectora y dejando además a otra trabajadora y a tres alumnos gravemente heridos. El hecho, considerado uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en el país, movilizó rápidamente a autoridades regionales y nacionales. Durante las primeras horas de este sábado se realizaron reuniones de coordinación para definir los pasos a seguir, especialmente en materia de contención para la comunidad educativa afectada. A primera hora de la jornada fue trasladado a tribunales Hernán Meneses Leal, joven de 18 años acusado de perpetrar el ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Durante la agresión, uno de los estudiantes resultó con una grave herida en el tórax, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Antofagasta, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida. El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar por 72 horas la detención del imputado, fijando una nueva audiencia para el martes 31 de marzo. La Fiscalía local argumentó que aún se requieren pericias técnicas y la revisión de informes médicos para avanzar en la formalización de la investigación. En paralelo, este viernes llegaron a la capital de la provincia de El Loa las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. Las autoridades sostuvieron reuniones en la Delegación Provincial para coordinar acciones y posteriormente se trasladaron al hospital para acompañar a las familias de las víctimas. La ministra de Educación explicó que “hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”. “A través de la Seremi ya se ha articulado a todos aquellos que pueden colaborar en esa labor y se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”, complementó. Tras lo ocurrido, el establecimiento educacional suspendió sus clases, informándose que el retorno de los estudiantes se realizará de manera gradual, priorizando el apoyo psicológico y emocional para alumnos, docentes y funcionarios. Desde el Ministerio de Educación también se anunció que se avanzará en nuevas orientaciones y reglamentos para los establecimientos educacionales una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, actualmente en proceso de toma de razón en la Contraloría. La normativa busca facilitar la implementación de medidas de seguridad en los colegios que lo requieran, como la instalación de pórticos detectores de metales, además de reforzar los protocolos de prevención y manejo de situaciones de violencia al interior de las comunidades escolares. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad en los establecimientos educacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y convivencia escolar en todo el país.
Frente al fuerte aumento en el precio de los combustibles en el país —situación que afecta con mayor intensidad a la Región de Antofagasta— la Municipalidad de Calama anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo al transporte público dirigido a personas mayores de 65 años. La iniciativa, denominada “Transporte para Personas Mayores de 65 años”, contempla la entrega de tarjetas de transporte público para el uso en micros, con recargas gratuitas mensuales. El programa comenzará a regir a fines de abril y considera una inversión municipal superior a los 35 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 4 mil adultos mayores de la comuna. El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro Vargas, explicó que la medida busca mitigar el impacto económico que el alza de los combustibles tendrá en los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables. “No olvidemos que la tarifa para adultos mayores en micros es de 260 pesos y lo que nosotros vamos a entregar es una tarjeta que será completamente gratuita, con recargas mensuales para facilitar el acceso al transporte público”, señaló. La autoridad comunal destacó que gran parte de los adultos mayores inscritos en los registros de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) utilizan el transporte público para acudir a centros de salud, consultorios, la farmacia ciudadana o el hospital, por lo que el apoyo busca garantizar su movilidad y acceso a servicios esenciales. Por su parte, la directora de Dideco, Irene Alfaro, detalló que el programa estará focalizado en personas mayores de 65 años que se encuentren en el Registro Social de Hogares con hasta un 40% de calificación socioeconómica. “Se trabajará con una base de datos y en los próximos días se abrirán las postulaciones para acceder a este beneficio, que tendrá recargas mensuales hasta diciembre de este año”, indicó. Alfaro agregó que la cobertura inicial considera cuatro mil beneficiarios, aunque el objetivo es ampliar progresivamente el número de personas favorecidas durante la ejecución del programa. La iniciativa es considerada inédita en la Región de Antofagasta, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida. El reciente incremento en el valor de los combustibles proyecta un impacto directo en distintos servicios y gastos básicos, por lo que desde el municipio buscan implementar medidas concretas de apoyo social. Con este programa, el municipio de Calama busca aliviar la carga económica que enfrentan los adultos mayores y asegurar que puedan desplazarse con mayor facilidad dentro de la ciudad, en medio de un escenario económico complejo para las familias de la zona.
